Igualdad reparte fondos para ayudar a inmigrantes y las CCAA del PP exigen el mismo trato sea cual sea la nacionalidad Madrid

Las comunidades autónomas corrieron ayer a la caja de papá Estado y se llevaron cinco millones de euros a repartir en ayuda a las inmigrantes víctimas de la violencia de género. Y un pellizco para la reinserción de maltratadores. O eso les prometió el Ministerio de Igualdad.

Algunas salieron del edificio de la calle de Alcalá con un juramento de 200.000 euros (Asturias), otras con 257.000 (Aragón) y otras con 590.000 (Andalucía), cifras distintas porque el criterio gubernamental de reparto fue demográfico, o sea, en función del número de mujeres y menores inmigrantes que padecen la violencia machista en cada lugar.

A las CCAA gobernadas por los socialistas les pareció todo muy bien, pero a las comandadas por los populares se les llenaron los micrófonos de quejas. Fundamentalmente, de concepto: «La atención debe ser igual para todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad», coincidieron los representantes de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Madrid.

Y a alguna comunidad del PP también se le escapó una crítica más pragmática: «El fondo es escaso. Nosotros ya gastamos 16 millones de euros en atención integral a víctimas de violencia de género», contó en los pasillos la consejera madrileña de Empleo y Mujer, Paloma Adrados.

Se quejaron, pero no rechazaron el dinero. Porque la territorialización del Fondo de Asistencia Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género fue aprobada por ocho votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones.

Todo ocurrió en la II Conferencia Sectorial de la Mujer, que a partir de hoy se llamará Conferencia Sectorial de Igualdad.

Críticas de Amnistía

Aprovechando la cita, Amnistía Internacional emitió un informe muy crítico con la respuesta institucional ante la violencia machista. Entre otras cosas, dice que no todas las CCAA atienden sanitariamente igual a las víctimas, que no hay un centro de recuperación integral en cada región – algunas mujeres son alojadas en hostales o albergues para los sin techo – , que no existe asistencia letrada especializada y que las sin papeles maltratadas «siguen sin poder acceder en la práctica a las ayudas económicas previstas en la ley».

No muy lejos del informe de Amnistía, el Ministerio justificó ayer por qué canaliza esos cinco millones de euros hacia las inmigrantes y sus hijos en un dato poco discutible: en cuatro años, el porcentaje de extranjeras asesinadas se ha doblado, y ha pasado de representar el 23% de todas las víctimas en el año 2004 a suponer el 44,3% en 2008.

En algunas comunidades, el incremento ha sido mayor. La consejera de Igualdad y Empleo de Extremadura, Pilar Lucio, dijo que los casos de mujeres inmigrantes maltratadas han aumentado un 45%.

Otra de las promesas financieras del día tuvo que ver con los culpables de la violencia. Igualdad ofreció a las comunidades una ayuda para los programas de reeducación de maltratadores.«Posibilidad de cofinanciar», dijo la ministra Bibiana Aído en una rueda de prensa ofrecida en un parón de la Conferencia. Sin embargo, al término de la reunión, nadie habló de cifras concretas en un aspecto en el que Aído reconoció «demasiada dispersión entre comunidades». Por ello, el Ministerio creará un grupo de expertos que establezca criterios homologados.

La Conferencia abordó también la implantación general de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de maltratadores, esas pulseras o brazaletes con GPS que algunas CCAA llevan tiempo colocando previa autorización judicial. Como Madrid, que se puso ayer la venda antes de la herida: «Nos preocupa que el sistema que se vaya a elegir no sea compatible con el que tenemos en funcionamiento desde 2006. No quisiéramos que se nos penalizara por ser una comunidad pionera en la aplicación de las pulseras telemáticas», dijo Paloma Adrados.