No hay caso. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha archivado las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia policial sobre el presunto envío de menores extranjeros a Galicia por parte de la Diputación de Álava. El caso investigado se centra en el periplo de un menor que llegó al centro vitoriano Zabaltzen el pasado septiembre para pernoctar una noche y, de aquí, pedir su traslado a La Coruña, donde tenía familiares.

Según el decreto firmado por el Ministerio Público y al que ha tenido acceso EL CORREO, «en ningún caso» se le puede atribuir a la Diputación «responsabilidad penal alguna y menos la comisión de un delito de abandono de menores». La polémica saltó el 8 de noviembre tras conocerse una denuncia de la policía de La Coruña sobre la llegada de 23 menores extranjeros procedentes del País Vasco con la ayuda económica de sus cuidadores. Los hechos, que fueron trasladados de manera inmediata a la Fiscalía, se centraron en tres casos, dos referidos a dos chicos residentes en Amorebieta y un tercero, en Álava. Las acusaciones fueron negadas de forma tajante por todas las instituciones vascas implicadas.

Las investigaciones del Ministerio Público de la Audiencia Provincia vitoriana se han centrado sobre este último joven, cuya identidad ha sido preservada por su condición de menor de edad. Lo paradójico es que el relato de los hechos ofrecido por el joven marroquí era idéntico al ahora realizado por la institución foral. «No existe el más mínimo indicio para entender que no fue así», apostilla Izaguirre.

«Buena fe»

Según el escrito del fiscal, el joven se presentó una noche en el centro Zabaltzen – ubicado en las instalaciones de la sede de la Cruz Roja – solicitando pasar la noche para acudir a la mañana siguiente a La Coruña, donde al parecer tenía familia. «Ante el temor de que la negativa a su petición diese lugar a su fuga», los responsables forales se pusieron en contacto con sus homólogos gallegos para explicarles la situación. Según la Diputación alavesa, «se aceptó el acercamiento del chico al centro de menores de esta provincia con el fin de investigar y aproximar al joven a sus familiares».

Desde el Área foral del Menor se tomaron las medidas necesarias para facilitar este traslado, de ahí que tuviera documentación con el membrete de Zabaltzen. Una vez allí, el joven quedó ingresado en un centro tras haber recurrido a la Policía Local de La Coruña, como así lo habían concertado ambas administraciones, recuerda el fiscal.

Ante este tesitura, el máximo representante del Ministerio Público en el territorio alaba la actuación de la Diputación puesto que de no haber sido por su «buena fe» y «diligencia» el menor podría haberse fugado. No sólo eso. Asegura que su forma de proceder posibilitó que el menor nunca dejase de estar vigilado.

Por último, subraya que la administración pública receptora «supo en todo momento» lo que estaba sucediendo y que «en ningún momento» se dirigieron a la Diputación alavesa para devolverle el menor o informarle sobre su situación.