Madrid

Los colectivos sociales andan preocupados con la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno. En el borrador de esta norma se contempla de una forma muy vaga e imprecisa la posibilidad de que las ONG puedan entrar en los centros de internamiento (CIE) y, además, se excluye a estas asociaciones del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el órgano de consulta habitual del Ejecutivo para cuestiones relacionadas con los flujos migratorios.

«Esperemos que haya sido un error que se corrija lo antes posible», expresaba ayer José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. Por si acaso, éste y otros colectivos – la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Sos Racismo, la Asociación Pro – Derechos Humanos de Andalucía y Acsur Las Segovias – comparecieron juntos en rueda de prensa para pedirle al Gobierno que «garantice legalmente y sin restricciones el derecho de acceso de la sociedad civil y de las ONG a los lugares de encierro de las personas extranjeras» y que haga una ley que no suponga «un retroceso histórico de los derechos». También reclamaron al Ejecutivo que no amplíe de 40 a 60 días el plazo máximo de internamiento, una realidad de la nueva ley que ven «muy preocupante».