Uno de los puntales de cualquier política de inmigración es, evidentemente, la capacidad de control y de interceptación de los inmigrantes ilegales. Su aumento o descenso es uno de los indicadores más fiables de la bonanza del diseño de la política migratoria de un país. El Ministerio del Interior hizo público ayer el balance de la lucha contra la inmigración. El resultado es alentador: la llegada de inmigrantes ilegales a España por medio de embarcaciones se ha reducido un 25 por ciento en 2008 con respecto al año anterior, pasando de 18.057 personas en 2007 a 13.424 en el año que acabamos de cerrar. En total, fueron interceptadas 37.700 en las costas, aeropuertos y pasos fronterizos.
Lógicamente, las repatriaciones también han descendido un 17 por ciento, con 46.426 personas rechazadas en las fronteras. Las que sí han subido han sido las que se realizan mediante expediente administrativo, un doce por ciento más que en 2007. Esto prueba una mayor eficacia policial en la ejecución de los expedientes de expulsión, lo que sólo cabe saludar como una buena noticia por el efecto disuasorio que tiene. Estas cifras certifican que el Gobierno está en la senda adecuada en su labor para atajar la inmigración ilegal. Parece que quedan lejos los tiempos de los titubeos y cierta condescendencia con el inmigrante por lo dramático de su situación, sin entender que el primer ejercicio de responsabilidad era ajustar sus necesidades – para vivir en nuestro país en las mejores condiciones posibles – , a la realidad laboral y social de España.
En ese sentido, cabe subrayar que, además de la mayor eficacia de las fuerzas de seguridad hay dos factores decisivos para este descenso: la crisis económica que afecta a nuestro país y la cooperación internacional. La escasez de ofertas de trabajo ha sido el factor más determinante para que los inmigrantes iberoamericanos no emprendan esta aventura con un mínimo de garantías. En otra dirección, la cooperación y colaboración con los países de origen también está siendo fundamental gracias al empuje exitoso que le dio la vicepresidenta. María Teresa Fernández de la Vega multiplicó sus esfuerzos firmando convenios tras el caos que dejó tras de sí Caldera y su ineficaz gestión. En 2008, España tiene convenios con 29 estados, frente a los 22 firmados en 2007. Especialmente significativa es la bajada de flujo migratorio de inmigrantes ilegales de Senegal, además del aumento de repatriaciones en Mali, Nigeria o Mauritania. Marruecos también está jugando un papel decisivo que se plasma en la reducción en un 22 por ciento del número de inmigrantes clandestinos detectados en Ceuta y Melilla. Sería deseable saber qué precio estamos pagando a los países de origen en partidas de inversiones o fondos de otro tipo para que, poco a poco, su concienciación esté aumentando.
Aunque el balance es estimulante, hay que ser prudentes: la inmigración ilegal se mantiene como un problema relevante en España que exige el máximo celo y decisión, así como una satisfactoria partida económica que se ajuste a la dimensión real del problema. En ese sentido, los expedientes por expulsión siguen siendo la asignatura pendiente ya que, en 2008, sólo se expulsó al 17 por ciento de los «sin papeles» a los que se les abrió un expediente de expulsión, una cifra que puede estar cercana a los 60.000 procesos. También se denota la necesidad de más medios en vigilancia, intercambio de información con los países de origen o en los equipos de cooperación policial especializados para que la expulsión de delincuentes peligrosos sea una realidad. Parece que se está en el buen camino pero, desgraciadamente, no es suficiente.