El Departamento de Justicia decidió esta semana que los migrantes que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio, y si contratan uno privado deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno estadounidense.

También dispuso que los indocumentados y quienes solicitan asilo no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos, si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.

El secretario de Justicia, Michael Mukasey, tomó las decisiones el miércoles último, según un documento publicado en la página electrónica de esa agencia, las que de inmediato fueron criticadas por grupos de defensa de migrantes, quienes alegan que esas disposiciones ponen fin a “décadas de práctica legal establecida”.

“Estamos consternados por esta acción”, lamentó Nadine Wettstein, directora de la Fundación para las Leyes de Inmigración de EE. UU. “Con esta decisión, el gobierno intenta minar el derecho de los migrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados o no del país”.

Wettstein expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión fuera tomada apenas dos semanas antes de que el actual gobierno termine sus funciones, ya que será reemplazado por el que encabezará Barack Obama, el 20 de enero.

“Disentimos de los pronunciamientos del secretario de Justicia, y confiamos en que a la larga las cortes federales rechazarán esta acción”, afirmó en una declaración escrita.

La decisión, contenida en 33 páginas, dice que la Constitución no da a los extranjeros en proceso de deportación derecho a un abogado de oficio, debido a que ese derecho solo se aplica a casos penales, y los que se siguen a inmigrantes solamente son casos civiles.

AP