San Cristóbal de Las Casas, Chis., 10 de enero. Los cuerpos de los tres migrantes que el viernes murieron al ser atacados por policías estatales en el municipio de San Cristóbal no han sido identificados ni determinada su nacionalidad; cuando menos las autoridades no lo informaron hasta el cierre de esta edición.

Tras la necropsia de ley se tomaron huellas digitales para la posible identificación de los cadáveres de las dos mujeres y un hombre, que permanecían en el Servicio Médico Forense de esta ciudad y fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez a las cinco de la madrugada de este sábado, informaron fuentes del gobierno, pero no explicaron quién realizó el trámite.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confirmaron que fueron detenidos Celestino Ávila Mérida, jefe de sector con sede en San Cristóbal, así como los agentes Eliseo Guzmán Escobar y José García Tapia, por su presunta participación en el ataque a los indocumentados.

Los 15 sobrevivientes de la agresión fueron entregados hoy al Instituto Nacional de Migración (INM) para su repatriación, sin que se hayan esclarecido los hechos y fincado responsabilidades contra los uniformados por la muerte de los tres indocumentados y las lesiones a ocho más.

Según dio a conocer el INM, se trata de seis ecuatorianos, dos salvadoreños, un hondureño, dos chinos y cuatro guatemaltecos, a quienes se les sigue el trámite conforme a la ley para deportarlos a sus países de origen.

Seis más permanecen hospitalizados como resultado de los disparos contra el camión en que viajaba el grupo cuando transitaban por la comunidad Carmen Arcotete. Dos de origen ecuatoriano se encuentran graves en un hospital de la capital del estado; los otros son centroamericanos.

Ricardo Lagunes, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien asiste a los migrantes, denunció que el gobierno de Chiapas encubre a sus policías y apresuró su deportación aun cuando no se han esclarecido los hechos ni fincado responsabilidades penales a los agresores.

Dijo que las autoridades negaron a los migrantes el auxilio de un abogado cuando rendían su declaración en la procuraduría. Extraoficialmente se informó que se les presionó a declarar que se trató de un enfrentamiento y no de una agresión de los uniformados.

El abogado explicó que los acuerdos internacionales en materia migratoria exigen que en un caso judicial, a los indocumentados se les proporcione asilo y manutención hasta que se finiquite legalmente.

Los migrantes ya fueron remitidos para su deportación, aun cuando las investigaciones están inconclusas, “es una fragante violación a de los derechos humanos y legales de los inmigrantes, y de esta manera difícilmente se podrá establecer responsabilidad penal contra los agresores, dijo.

“Es grave lo que pasa en Chiapas, principalmente cuando le acaban de dar un reconocimiento en Honduras al gobernador Juan Sabines donde supuestamente se distingue a su gobierno como garante y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes”, dijo Lagunes.

En una carta dirigida al edil de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, el presidente del Comi – sariado del Ejido Carmen Arcotete, Juan Pérez Vicente, y el agente auxiliar rural municipal, Hilario Gómez López, donde ocurrió el ataque, solicitaron la suspensión de los patrullajes que realiza la policía estatal preventiva porque consideran que sólo ha llegado a “alterar el orden y provocar violencia”.

Habitantes aseguraron que la patrulla 371 de la policía es – tatal, desde la cual presunta – mente se hicieron los disparos contra el camión en el que viajaban los 30 migrantes, ha estado ligada a otras agresiones contra indocumentados.

Un poblador de la comunidad de El Pinar, que pidió el anonimato, reveló que “muchas veces esta patrulla, que era comandada por Celestino Ávila Medina – – quien está arraigado – – se escondía en un banco de arena y luego detenía a los vehículos que llevaban indocumentados”, y cuando no se paraban como el viernes en El Carmen Arcotete, los perseguían”, relató.