Cuando comenzó el ladrillazo, allá por mediados del 2006, y antes de que la crisis se revelara con toda su crudeza, absolutamente todos los analistas manejaban el mismo discurso: los inmigrantes serán parte esencial del mercado inmobiliario más inmediato. En España se construía más que en media Europa junta, y bancos, organismos oficiales y hasta el propio Gobierno estaban convencidos de que aquellos llegados al país en busca casi siempre de una vida mejor comprarían pisos a manos llenas. Otro error de cálculo. Los extranjeros residentes compran hoy la mitad de casas que hace un año; y gracias.
Así lo revelan los datos del Ministerio de Vivienda, que cifran en 7.672 los pisos que los inmigrantes compraron en España en el tercer trimestre del 2008 (último periodo actualizado). Pues bien, esa cantidad es un 58% inferior a las 18.521 casas que adquirieron un año atrás. Porcentaje que cobra verdadera dimensión si se compara con la caída del 33,7% que registraron las adquisiciones de los españoles.
Ese descenso medio del 58% fue superado con creces en algunas zonas. Fue el caso de Huelva, Sevilla, Ávila, Burgos, Segovia, Zamora, Albacete, Cuenca, Lérida, Madrid, Navarra o La Rioja, donde la caída superó el 78%. También hubo excepciones. En Cáceres el mercado inmigrante se mantuvo estable e, incluso, hubo algún incremento, como los de Murcia (14,3%) o Ceuta y Melilla (23%).
Dos son, principalmente, las causas del derrumbe general de lo que iba a ser la tabla de salvación de promotores, bancos y administraciones: el paro y la falta de crédito. El aluvión de despidos vivido en 2008 ha tenido especial incidencia entre los inmigrantes, muchos de ellos, paradójicamente, empleados en el sector de la construcción.
Está claro: sin empleo, no hay piso. Y si hace bien poco se repartían hipotecas como si tal cosa entre los extranjeros residentes muchas entidades financieras peleaban sin tapujos por llevarlos al huerto hoy el panorama ha cambiado de forma radical.