El plan de retorno voluntario para extranjeros desempleados ideado por el Gobierno, que permite al beneficiado recibir la cuantía del paro en dos pagos, uno de ellos anticipados, no ha terminado de cuajar. O más bien, no ha empezado, teniendo en cuenta que sólo un 0,38% de los posibles beneficiarios han presentado la solicitud para acogerse a la medida, que a mediados de enero cumplirá dos meses de aplicación.

De los 3.128.963 parados que haya actualmente en España, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo actualizados a 17 de diciembre, 34.008 son extranjeros procedentes de países extracomunitarios que residen en la Comunitat. En cambio, en el departamento que dirige el ministro Celestino Corbacho apenas se han recibido 132 solicitudes de la autonomía para acogerse al plan, lo que supone una cantidad ridícula y da a entender que la medida no está cumpliendo las expectativas previstas.

La idea del Gobierno es que aquel inmigrante sin empleo y no comunitario que quiera volver a su país pueda hacerlo sin perder el derecho a recibir la prestación por desempleo. Para facilitar el retorno de la mano de obra parada, el dinero que debe recibir se divide en dos cuotas, y una de ellas, el 40% del total, se le anticipa tras aprobarse su solicitud, con el compromiso de que salga del país en los 30 días siguientes. El 60% restante se le abonará una vez haya vuelto a su residencia de origen.

Debe darse otra condición, y es que existan convenios bilaterales entre España y el país del interesado, lo que permitirá a esta persona sumar la cotización a la Seguridad Social acumulada en España con la que ya tuviera en su estado. A cambio, el inmigrante no puede volver a España hasta que hayan pasado tres años. Se da la coincidencia de que entre los colectivos inmigrantes extracomunitarios con mayor representatividad en la Comunitat se encuentran aquellos con los que España tiene un convenio bilateral, como son Ecuador, Marruecos o Colombia. Es decir, la inmensa mayoría de trabajadores extracomunitarios residentes en la Comunitat podrían acogerse al plan estatal en caso de perder su empleo.


Un plan estancado

Si se comparan los datos estatales, queda claro que el plan de Corbacho todavía no ha despegado. En España hay 290.599 parados procedentes de países de fuera de la Unión Europea, es decir, potenciales beneficiarios de la medida. Y según los últimos datos del Ministerio, se han recibido 767 solicitudes en toda España, lo que se traduce en un 0,26% del total.

Hay varias causas que pueden explicar la poca acogida del plan, además de que fue aprobada hace apenas dos meses. Luis Almeida, presidente del Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos que opera en Castellón, apunta a la desinformación que existe entre el colectivo inmigrante. “A veces falta información. Muchos inmigrantes trabajan en el campo o fuera de la ciudad por lo que no les llega la información, o incluso tienen unas jornadas laborales muy largas que les impiden hacer mucho más. Existe apatía y sólo piensan en informarse cuando tienen que renovar algún papel”, explica.

A su juicio, la poca acogida del plan estatal de retorno voluntario se debe también a las cargas económicas que deben soportar muchos inmigrantes instalados en la Comunitat. “Hay inmigrantes con deudas, préstamos de bancos y apremios por todas partes. O incluso que ya han agotado las prestaciones por desempleo y no cumplen los requisitos para acogerse al plan”, señala.

Almeida explica que desde su asociación han detectado un aumento importante de extranjeros latinoamericanos que valoran la posibilidad de retornar a su país ante las dificultades que atraviesan. Eso sí, deben recurrir a los planes de retorno ordinarios, teniendo en cuenta que ya han agotado la prestación por desempleo o no llegaron a trabajar el tiempo suficiente para conseguirla. “También hay inmigrantes que demoran su retorno a la espera de una oportunidad laboral”, sentencia.

Según las cifras estatales, los extranjeros procedentes de Ecuador son los que más solicitudes han efectuado con 318 peticiones, seguidos de los colombianos (129) y argentinos (105). Por provincias, gran parte de las peticiones provienen de Madrid (130), Murcia, (100), Barcelona (73), Alicante (63) y Valencia, aunque en la clasificación por autonomías la valenciana se sitúa a la cabeza. El programa funciona rápido. Prueba de ello es que casi la mitad de las peticiones han sido reconocidas, según el Ministerio, y 210 ya han sido abonadas, con una cuantía media de 9.670 euros.

Por sectores, el 37% de los beneficiados pertenecen a la construcción, el 31% a actividades inmobiliarias y alquiler de servicios a empresas, el 9% a comercio y el 8% a la hostelería.

Hernán Constante, de la asociación de inmigrantes latinoamericanos Rumiñahui, destaca que “hay muy pocas personas en disposición de acogerse al plan de retorno voluntario. Algunos tienen su negocio, se compraron un coche o un piso y no tienen posibilidad de retornar, por lo que deben volver a su país por sus propios medios. Tenemos casos de gente que ha vuelto a probar suerte y ha tenido que retornar porque la situación está mal”, sentencia.

Las cifras del paro, que en diciembre, alcanzaron un máximo histórico, también reflejan los problemas por los que pasan los inmigrantes establecidos en España, y por extensión, en la Comunitat.

Los datos oficiales establecen que en la autonomía hay 52.898 parados (18.809 comunitarios y 34.008 de fuera de la Unión Europea). Si se compara esta cifra con la del mismo mes de 2007 la conclusión es demoledora: el número de parados entre el colectivo inmigrante se ha duplicado en 12 meses, pasando de 26.898 a los 52.898 actuales.

El incremento ha sido bestial, ya que la variación relativa establece que el aumento es del 97,03%. En datos absolutos, hay 26.050 inmigrantes desempleados más.

Dos son los sectores que han tirado del carro del desempleo. El mayor aumento de parados extranjeros se ha producido en el sector servicios, que suma 25.239 desempleados. Muchos de ellos proceden de la hostelería, especialmente golpeada por la desaceleración del consumo. En el segundo puesto del ranking se sitúa la construcción, que suma 17.738 extranjeros sin trabajo, seguida de la industria (4.662) y la agricultura (1.905).