El año ha terminado con un nuevo fracaso de la ley contra la llamada violencia de género. La cifra, 70 víctimas oficiales, 74 ó 76 según otros centros especializados, se sitúa en máximos. Fue una de las primeras leyes del mandato Zapatero en el 2004, por consiguiente posee ya un recorrido sobrado como para mostrar sus efectos. Y los ha hecho, vaya si lo ha hecho: más mujeres muertas, centenares de miles de hombres procesados, una cifra tremenda, que por sí sola debería llevar a la reflexión. Decenas de miles de hogares que en lugar de intentar la conciliación del conflicto, lo han acentuado porque la lógica de la ley impulsa su judicialización. Lo que podía haber quedado reducido a una superable pelea doméstica queda así criminalizado. Juzgados desbordados, jueces que señalan que la ley sirve para usos fraudulentos en procesos de separación, efectivos de policía abrumadoramente insuficientes ante tanto juicio y órdenes de alejamiento. Lo que debían ser medidas excepcionales se convierten en masivas por la imposibilidad a causa de la ley de separar el grano de la paja.

El fracaso nace de su carácter sectario guiado por la ideología de género. Su diagnóstico yerra por esta razón. La nueva legislación parte del supuesto que existe una violencia estructural contra la mujer, algo generalizado fruto de una sociedad patriarcal, donde cualquier hombre es sospechoso de aplicar la violencia, en lugar de considerarlo como una patología social que obedece a causas concretas. De ahí el empecinamiento en señalar que no existen causas específicas, a pesar de que las correlaciones estadísticas y numerosos estudios indiquen lo contrario. A partir de aquel planteamiento donde la relación hombre – mujer entraña violencia, se explica el abandono de la conciliación y la masividad de las medidas judiciales que impiden la eficacia.

Se puede aducir que buena parte el problema está causado por la inmigración. La respuesta es que es cierto pero incompleto e inexacto como explicación. También se puede afirmar la gran incidencia de las parejas de hecho, y esto también es cierto.La posibilidad del femicidio es más de diez veces superior en esta relación que en el matrimonio. Pero en este segundo caso la afirmación es tan políticamente incorrecta que se censura.¡Esto es criminalizar a las parejas de hecho! Bueno, tanto como a los inmigrantes. Pero en un caso y en otro existe una raíz común, que se extiende en menor medida a los matrimonios. Se trata de la ruptura. La correlación entre femicidio y ruptura dura es perfecta. Los inmigrantes tienen una prevalencia alta en la medida que se trata de parejas formadas por la circunstancia del alejamiento más que de familias estables. La causa no es la inmigración sino la inestabilidad del vínculo. También la mortalidad de la mujer es superior en las parejas de hecho en razón de que su tasa de ruptura es mucho mayor que en el matrimonio.

Una buena ley debería centrar el grueso de su acción en la conciliación para reducir las rupturas y reservar las medidas punitivas sólo a los casos más evidentes de riesgo real. Esto permitiría ser mucho más eficaces, y devolver la paz a muchos hogares ahora rotos, no tanto por la pelea ocasional, como por una acción judicial innecesaria.