vitoria. La Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social superó el pasado martes 23 el último trámite parlamentario, su aprobación en un Pleno en el que recibió el respaldo del tripartito y el PSE. La normativa establece varias vías para recibir ayudas que garanticen el cobro del 88% del Salario Mínimo Interprofesional a quienes carezcan de ingresos, una cantidad que se elevará hasta el 100%, los 700 euros mensuales con las pagas extra prorrateadas, en el caso de los pensionistas.

Al primer grupo, el de quienes no disponen de ningún tipo de renta, se le han limitado las ayudas para incentivar la inclusión en el mercado laboral.

La Ley beneficiará a alrededor de 75.000 vascos, más de 20.000 de ellos pensionistas, y se sirve fundamentalmente de cuatro herramientas: la Renta Básica, las Ayudas de Emergencia Social y los complementos de pensiones y vivienda.

En teoría, todos estos derechos serán subjetivos, reclamables ante los tribunales por los ciudadanos vascos, aunque desde Aireratu alberguen serias dudas sobre la dependencia de estas ayudas de la voluntad política. En todo caso, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, afirmó durante el debate de la Ley en el Parlamento que los cobros están garantizados. “Los derechos sociales no pueden estar al albur de coyunturas ni de intereses, ya sean económicos o puramente electoralistas”, aseguró.

Inmigrantes y familias monoparentales son, junto con los pensionistas, los colectivos más afectados por la pobreza en los tres territorios vascos, un fenómeno que se caracteriza en los últimos años por una alarmante feminización.