El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha visto obligado a aumentar el personal en los consulados de Cuba y Argentina, para atender las demandas de obtención de la nacionalidad española que desde el lunes pasado pueden solicitar hijos y nietos de los exiliados entre julio de 1936 y 1955, en aplicación de la ley de Memoria Histórica.
El Gobierno calcula que en torno a medio millón de ciudadanos repartidos por todo el mundo reúnen los requisitos para solicitar la condición de español, en su mayoría residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Brasil. Fuentes del departamento de Miguel Ángel Moratinos consideran más razonable, sin embargo, hablar de un millón de nacionalizados, como ya adelantó ABC.
El número total dependerá en buena medida de la aplicación de la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica, que establece un plazo de dos años para optar a la nacionalidad, pero prevé que pueda prorrogarse por acuerdo del Consejo de Ministros un año más, lo que podría multiplicar el número de peticiones.
Argentinos y cubanos fueron los más activos en el primer día de la entrada en vigor de la disposición adicional séptima (un año después que el resto de la ley de Memoria Histórica). Según cálculos oficiosos, hasta 200.000 cubanos podrían solicitar la nacionalidad española en los dos próximos años, 300.000 en caso de que la ley se prorrogue por un tercer año. También podrían beneficiarse unos 300.000 ciudadanos argentinos, lo que desbordaría ya las previsiones iniciales del Gobierno.
La obtención de la nacionalidad española de un mínimo de 500.000 personas supondría dar un vuelco al censo de los españoles en el exterior con derecho a voto. Fuentes consultadas del grupo parlamentario Popular señalaron que en las próximas elecciones municipales y generales los nuevos nacionalizados tendrán ya derecho al voto. Hasta ahora, comentaron, no ha influido el censo de los españoles en el extranjero, pero «con un millón de personas más podrían ser decisivos para los restos del último escaño en muchas circunscripciones, y decantar el resultado hacia un lado o hacia otro».
En las últimas elecciones generales, el PSOE ganó en el censo de residentes en el exterior. Suele ser habitual que el partido del Gobierno sea siempre el más votado entre los emigrantes.
Mientras tanto, en el Congreso está en marcha una subcomisión para reformar el régimen electoral general. El PSOE pretende una circunscripción exterior. Los populares defienden que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en urna.
El Ministerio de Asuntos Exteriores deberá gastarse 40 millones de euros en dar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados por razones políticas en los plazos previstos por la ley de Memoria Histórica.