ÁLEX HERRERA

SANTA CRUZ. No es la primera vez que el Gobierno de Canarias se muestra contrario a la nueva reforma de la Ley de Extranjería elaborada por el Gobierno central. Sin embargo, el Ejecutivo regional sí desveló ayer cuál será su hoja de ruta para intentar que el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que dirige Celestino Corbacho, trate de una vez por todas el tema de los menores inmigrantes que llegan a Canarias como una cuestión «de Estado».

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, anunció ayer que el Consejo de Gobierno canario, último del año, ha acordado dirigirse al Parlamento regional para que inste al Gobierno central para que se haga cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a las Islas de manera irregular.

De esta manera, el Ejecutivo enviará una comunicación a la Cámara regional para que exija al Estado que asuma la tutela de estos menores. Desde que el ministro socialista presentara el pasado 19 de diciembre la reforma de la ley, desde Canarias se mostraron siempre en contra de que este documento no recogiera esta reivindicación que, para Rojas, el Gobierno central debe considerar de manera inmediata un asunto de Estado, debido al «drama» que supone para los menores y también para el Archipiélago canario.

Rojas apoyó con cifras las exigencias del Gobierno canario en esta materia, ya que aseguró que en 2009 se cumplirán «diez años desde que llegó el primer niño en patera o cayuco a Canarias, lo que supone que en este periodo hayan llegado a las Islas más de 6.000 menores inmigrantes». En la actualidad, la Comunidad Autónoma canaria tutela algo más de 1.500 menores.

Además, recordó que en este año 2008 han muerto más inmigrantes que el año pasado, debido a que cada vez más los cayucos parten más desde el sur del continente africano, con lo que están más días en la embarcación y el riesgo de fallecer durante la travesía es mucho mayor. De ahí que Rojas también reclamó ayer más controles de las autoridades europeas (a través del Frontex) y del Gobierno central para «evitar más muertes».

«No estamos hablando de un problema o una situación coyuntural sino estructural», dijo la consejera nacionalista. Por ello, aseguró que debe ser en el marco de la reforma de la ley de Extranjería donde «el Estado asuma la tutela de estos menores y financiar a la comunidades para que ejerzan su guardia y custodia» o bien para que busque otras fórmulas alternativas.

«Es hora que alguien tome cartas en el asunto» aprovechando la reforma de la ley, recalcó Rojas.

La consejera reiteró que los centros en Canarias están desbordados y que el Gobierno autonómico no puede «garantizar con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad» porque carece de medios. «Los niños no se merecen que mendiguemos su futuro al Estado», afirmó.

Trabajar en la infancia

Otra de las reclamaciones que el Ejecutivo canario realizará al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que se introduzca en la reforma de la ley, será que el Estado se comprometa a trabajar por la infancia en los países de origen de donde llegan estos menores.

«A nadie se le puede esconder que donde mejor están los niños es en su entorno familiar, en el lugar donde han nacido, pero también se tiene que garantizar que ese entorno sea el adecuado», explicó la consejera nacionalista.

Asimismo, Rojas considera que hay otro aspecto de la ley que se tiene que modificar, como es el «limbo jurídico» que se crea cuando estos menores cumplen los 18 años y pasan a la mayoría de edad. «después de estar tutelados por la comunidad autónoma pasan a ser inmigrantes irregulares. Eso es una situación que la ley debe corregir».