LA sociedad española en su conjunto y la catalana en particular se encaminan hacia una mayor diversidad cultural, religiosa y étnica a consecuencia de la nueva inmigración. La población de nuestro país, según el último padrón, a fecha del 1 de enero de este año, ha superado los 46 millones de habitantes y representa el mayor incremento desde el 2004. Ocho de cada diez nuevos ciudadanos nacieron fuera de España, un total de 5,22 millones de personas, extremo que significa más del 11% de la población. Los territorios con un aumento más importante de extranjeros en términos absolutos son Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana. Mención aparte merece la llegada de inmigrantes por vías irregulares, que tiene en las pateras y cayucos su realidad más dramática y en los aeropuertos y carreteras su plasmación cuantitativamente más destacable. Durante el 2008, el número de inmigrantes interceptados en las costas ha descendido un 22% respecto del 2007.

La crisis económica ha acelerado la destrucción de empleos también entre los trabajadores inmigrantes, la mayoría de los cuales se ocupan en sectores muy afectados por la caída del consumo y la falta de crédito, caso de la construcción y el turismo. En este contexto, el Gobierno abordará, durante el 2009, la reforma de la ley de Extranjería, que busca adaptar la normativa a las directivas europeas, así como a los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional y a la nueva realidad socioeconómica. Los cambios en la aplicación del reagrupamiento familiar, entre otros puntos, reclamarán consensos. En Catalunya, los partidos del Govern, CiU y varios agentes sociales han suscrito el Pacte Nacional per a la Immigració, para asegurar una base común de principios y de actuaciones en materia de integración y acogida, cuya gestión depende de las administraciones autonómica y local. En todos los sondeos, la inmigración sigue siendo uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.

Otro gran foco de interés social del año que concluye ha sido el mundo educativo. Muchos indicadores acreditados y estudios independientes han puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las inversiones para lograr niveles más altos de excelencia del alumnado de primaria y secundaria. La tramitación de la ley de Educación de Catalunya, impulsada por el conseller Ernest Maragall, ha alimentado un amplio debate, no exento de protestas y manifestaciones, donde se ha mezclado el comprensible malestar de los docentes con posiciones corporativas. Asimismo, la vida universitaria ha saltado a las portadas a causa del rechazo, minoritario pero ruidoso, al llamado plan Bolonia, iniciativa de gran calado que debe poner las bases de un nuevo espacio europeo de educación superior.

Desgraciadamente, el notable avance de las políticas de igualdad sigue teniendo su reverso más sombrío en las noticias sobre violencia sexista. Con los recientes casos de Guipúzcoa, Madrid y Las Palmas, el año que termina habrá visto morir a cerca de 70 mujeres a manos de sus parejas – prácticamente las mismas que en el 2007-,a pesar del desarrollo de varias medidas policiales y judiciales que buscan la prevención. También constituyen un enorme reto otros delitos que causan gran alarma social, como la pederastia y el abuso de menores, una tipología criminal que ha encontrado en internet un espacio de multiplicación que las fuerzas policiales persiguen con dedicación, como demuestra la detención y condena del pederasta autodenominado Nanysex.Pero no todo funciona correctamente. El impactante caso de la niña Mari Luz, presuntamente asesinada por un pederasta que estaba en libertad por un error, ha levantado una gran indignación ciudadana y ha puesto sobre la mesa las disfunciones, falta de recursos y gremialismos del sistema judicial.

El accidente de un avión de Spanair, el 20 de agosto en Barajas, el más grave de los últimos 23 años, creó una gran conmoción y abrió muchos interrogantes sobre la seguridad aérea en tiempos de vuelos de bajo coste. El informe definitivo sobre esta tragedia, que se saldó con 154 muertos, todavía tardará uno o dos años. Por otro lado, una grave explosión de gas en un inmueble de Gavà, el pasado 3 de diciembre, ha propiciado una solicitud al Congreso de los Diputados para crear una comisión de investigación que estudie las causas de la proliferación de estos incidentes, que han causado cerca de 80 víctimas mortales, en varias localidades, desde febrero del año 2000.