El Ejecutivo potenciará el papel de las autonomías con competencias en extranjería

El Gobierno no solo planea modificar la vigente Ley de Extranjería. El Ejecutivo ya tiene un primer borrador de reforma del reglamento que desarrolla esa ley de inmigración. En ese texto, la Administración central cede a algunas comunidades la gestión de uno de los pilares de la política de extranjería: la concesión de los permisos de trabajo a los extracomunitarios. Por el momento, solo los nuevos estatutos de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana otorgan competencias a los gobiernos autónomos en materia de inmigración.

El proyecto de real decreto, de 18 páginas, incluye 22 modificaciones en 16 de los 165 artículos del actual reglamento 2393/2004 que desarrolla la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Por primera vez en la historia del ordenamiento jurídico español se recoge que «dos administraciones públicas» tendrán autoridad en materia de inmigración. Los gobiernos autonómicos que «tengan reconocidas competencias» se convierten en «autoridad laboral», de manera que, a partir de la aprobación del nuevo reglamento, serán los encargados de resolver las solicitudes de autorización de trabajo de los inmigrantes residentes en su comunidad.

Según explica la reforma, en estas autonomías con competencias en extranjería, la «autoridad estatal» se limitará a gestiones y autorizaciones sobre los permisos de residencia.

Bicefalia administrativa

El nuevo texto insiste en que esta bicefalia administrativa en materia de extranjería no provocará inseguridad jurídica ni una mayor burocratización. Para ello, el Gobierno propone varios sistemas de coordinación, entre ellos un solo archivo informático con datos de todos los solicitantes, para evitar solapamientos.

Además, aunque serán dos administraciones las implicadas a la hora de decidir quién obtiene papeles, los empresarios e inmigrantes solo tendrán que presentar la documentación una sola vez y los aspirantes a trabajadores tendrán una única respuesta (positiva o negativa) suscrita por los gobiernos nacional y autonómico, aunque el proyecto deja claro que será este último el que tendrá la última palabra tras consultar a los ministerios de Trabajo e Interior.

En las comunidades con competencias de inmigración, los gobiernos autonómicos podrán expedir permisos de trabajo por un plazo máximo de un año. «La iniciación del procedimiento – explica el borrador – corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma, que deberá coordinarse necesariamente con la Administración General Estado». Será también la autonomía la que resuelva la admisión o inadmisión a trámite. El nuevo reglamento establece que serán asimismo los Ejecutivos autonómicos los que notifiquen al interesado la resolución, autoricen las renovaciones sucesivas de los permisos laborales y resuelvan los posibles recursos.