ERC dice que la sentencia que obliga a ofrecer la opción de aprender en castellano «no cambia nada» Los republicanos apuntan que la nueva Ley de Educación blindará la inmersión lingüística «Prevaricación moral». El término lo ha acuñado Ciutadans para definir la actitud que mantiene el departamento de Educación catalán en materia lingüística pese al continuo goteo de resoluciones que le quitan la razón, la última, del Tribunal Supremo.

El portavoz del Comité Ejecutivo de Ciutadans, Jordi Cañas, señaló ayer que la resolución demuestra que la Generalitat «ha vulnerado los derechos de miles de ciudadanos de Cataluña, por lo que éstos pueden pedir responsabilidades a la Administración autonómica». Además, a criterio de esta formación política, la sentencia evidencia que la obligatoriedad de la inmersión lingüística es «ilegal» y «educativamente perversa». Cañas esgrimió el último informe del Consejo de Europa para fundamentar que la inmersión «sólo puede ser una opción voluntaria de los padres».

Para Ciutadans, desde el departamento de Educación «ha habido una prevaricación moral continua, porque sabían que no tenían razón y estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos negándoles la posibilidad de elegir su idioma» en los primeros años de su educación de acuerdo con la Ley de Política Lingüística.

El portavoz de Ciutadans también denunció ayer el «sorprendente» silencio del PSC en esta materia. Desde el Govern, por otra parte, ayer declinó hacer declaraciones sobre esta materia el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod – Rovira.

Ciutadans también denunció el axioma instalado en el Gobierno catalán de que «el monolingüismo es el único mecanismo de cohesión social», y recordó que el concepto un pueblo, una lengua tiene «un sonido que recuerda movimientos totalitarios pasados».

La formación política salía así al paso de la última polémica generada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, cuando defendió que el catalán sea la lengua vehicular de la inmigración como factor de cohesión del «pueblo» catalán. Montilla justificó esta política coincidiendo con la presentación del Pacte Nacional per la Immigració.

En el otro extremo, la interpretación de los independentistas. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, «no cambia nada»: así valoró ayer el secretario general de ERC, Joan Ridao, la resolución que obliga a todos los centros escolares públicos a preguntar a los padres por la lengua habitual que emplean para garantizar su derecho a la enseñanza.

Y es que para los republicanos, la sentencia alude a una situación anómala antigua que se habría resuelto durante el curso escolar 2006 – 2007 a partir de la introducción de la controvertida casilla en los impresos oficiales de preinscripción en las escuelas.

Ridao alega, en este aspecto, que «el derecho a recibir las primeras enseñanzas en la lengua habitual está absolutamente respetado, porque quien quiere estudiar en castellano lo puede hacer».

Así, el número dos de ERC señala que el derecho «no entra en contradicción con no segregar a los alumnos, que es un derecho que queremos preservar». De hecho, Ridao insistió ayer en que anualmente apenas hay una quincena de familias que pide la atención individualizada que la ley contempla.

«Esta cuestión será objeto de blindaje en la futura Ley de Educación de Cataluña, en atención a una propuesta de Esquerra que ya prevé todo un título en relación a la política lingüística», afirmó Ridao. El dirigente independentista también aprovechó para reivindicar el modelo de política lingüística catalán, que «ha sido aplaudido» por la Unión Europea.

En un sentido similar ya se manifestaron fuentes de Educación, al considerar que el derecho de los ciudadanos a estudiar en español en Cataluña está «profundamente garantizado» con los tutores escolares.

De hecho, el departamento de Educación, que dirige el consejero socialista Ernest Maragall, argumenta que los padres que desean que sus hijos reciban la primera enseñanza en castellano ya tienen la opción de solicitarlo a la dirección de la escuela, y una vez recogida la instancia, el centro pone a disposición del alumno un tutor lingüístico que acompaña al alumno durante el aprendizaje para resolver su desconocimiento del idioma catalán. Así, según señalan, se respetan sus derechos.