AL día siguiente de que se celebrara el Día Mundial del Inmigrante, el consejo de Ministros aprobó una nueva Ley de Extranjería. Un nuevo regalo navideño que les brinda el Gobierno a los y las inmigrantes. Quizá, en dicha secuencia temporal, tenga mucho que ver el hecho de que hace ahora 18 años la ONU celebró la Asamblea que dio origen a la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Esta convención sólo la han ratificado 37 Estados, ninguno de europeo. El estado español no es una excepción.

De entrada, la nueva Ley que sustituirá a la 8/2000 que propició el anterior Gobierno del inefable Aznar, pretende adaptar la llamada directiva de la vergüenza, firmada por la Eurocámara unos meses atrás. Una norma comunitaria que fija en un plazo de hasta 18 meses la posibilidad de retener a los y las inmigrantes en centros especiales o en prisiones convencionales, incluyendo en dicho paquete a los y las menores de edad y a criterio de funcionarios y no de jueces, como cabría exigir a cualquier estado de derecho.

Nuestras clases políticas, han asumido de hecho que la Ley de Extranjería es reformable elásticamente según en cada momento interese endurecer su articulado, lo que coloca el texto original – ahora casi inexistente – de esta Ley en una especie de limbo jurídico que va de lo realmente malo a lo peor, de lo peor a lo funesto y de lo funesto a lo indigno.

En materia de derechos, aumentan el tiempo de retención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). De 40 días estipulados en la actualidad, pasarán a ser 60 los días que pueden ser encerrados/as en estas nuevas cárceles sin control ni garantías para indocumentados.

Por otro lado, se restringe todavía más la reagrupación familiar, aumentan las trabas para reagrupar a los ascendientes, exigiendo que el o la reagrupante sea titular de un permiso de residencia permanente y que la persona reagrupada sea mayor de 65 años.

Elevan el régimen de sanciones económicas a quienes infringen las normativas de extranjería.

Arremeten contra formas elementales de solidaridad interpersonal, es decir, a los nacionales que por razones de solidaridad y humanidad hagan contratos o matrimonios “ficticios” a un/a indocumentado/a para que pueda regularizar su situación, se les podrá sancionar con una multa de entre 10.000 y 100.000 euros.

Y califican como infracción grave el empadronamiento solidario practicado por personas y asociaciones para que otras personas con problemas, en situación regular o irregular, puedan acceder a derechos elementales tales como la asistencia sanitaria o la renovación de un permiso.

Eso sí, nos pretenden consolar con que la prohibición de entrada en caso de expulsión la reducen de 10 a 5 años, los y las menores de 18 años tendrán garantizada su educación (por que mejor es tenerlos entretenidos en las escuelas que en las calles), los/as indocumentados/a por fin tendrán asistencia letrada gratuita para asegurar que se les detiene, se les retiene en centros de internamiento y se les expulsa según el estado de derecho. Se les reconoce el derecho de sindicación, reunión y organización a las personas sin papeles (entre otras cosas por que así lo exigía una sentencia del Tribunal Constitucional ).

El Gobierno sigue sin entender, que los y las inmigrantes, son personas, seres únicos y complejos, como cualquier otro ser humano, con múltiples dimensiones y necesidades. Reducir todo o casi todo a la condición de mano de obra sujeta a los avatares del mercado de trabajo, subordinada a nuestras reales o supuestas necesidades, es practicar un reduccionismo asqueroso.

La Ley de extranjería, y con ella esta nueva reforma, sigue negando derechos fundamentales y sirviendo de base jurídica para la discriminación de todo un colectivo.

La última reforma de la Ley de Extranjería, la que dio lugar a la Ley 14/2003, negó derechos básicos (sindicación, manifestación, asociación, reunión, etc.) a las personas que se encontraban en situación administrativa irregular. El Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias que reconocen esos derechos, por lo que el Gobierno estaba obligado a modificar la Ley ateniéndose a lo dicho por el alto Tribunal.

* SOS RACISMO NAFARROA y miembros de Papeles y Derechos Denontzat