La llegada de inmigrantes sin papeles que, al no poder encontrar trabajo, deambulan sin rumbo por las calles de las ciudades catalanas es un problema evidente y que se está demostrando de difícil solución. Pero aún es más complicado, y más acuciante, cuando ese inmigrante es, o dice ser, menor de edad, cuando aún no ha cumplido los 18 años. El año pasado, la Generalitat contabilizó a 431 inmigrantes menores no acompañados en la ciudad de Barcelona; este año ha detectado a 408 niños y jóvenes en la misma situación.Y, en un principio, como no han cumplido los 18 años, debería prestarles asistencia a través de su dirección general de la Infància y l’Adolescència. Sólo que la Generalitat no cree que todos sean menores: considera que 135 de ellos ya habían sobrepasado el límite de edad y que, por lo tanto, no debe asistirles. Los recelos de la Generalitat sobre la edad de estos jóvenes tienen un cierto fundamento, ya que muchas veces falsifican su documentación para no ser devueltos a sus países. El problema es que las pruebas que se les practican para atestiguar cuándo nacieron, a través de la medición de los huesos de la mandíbula y la muñeca, no son fiables, tienen un margen de error de un par de años. Con lo que la Generalitat tampoco puede demostrar que han sobrepasado la barrera de la mayoría de edad.

Así que lo único cierto es que estos 135 jóvenes alrededor de los 18 años deambulan por la calles de Barcelona sin oficio ni beneficio; sin formación, sin trabajo, muchas veces, incluso, sin conocer la lengua. Y, evidentemente, crean un problema de inseguridad entre los vecinos que, pese a tener difícil solución, se tiene que resolver.