La iniciativa de la Consejería de Educación de trasladar a las Islas, aunque con variantes, el modelo de aulas para la integración de alumnos inmigrantes sin conocimiento del español que se aplica en Cataluña ha sido acogida con diversidad de opiniones por los sindicatos canarios, que van desde el rechazo frontal de STEC-IC o EA-Canarias hasta la cautela de FETE-UGT o Comisiones Obreras.

En lo que coinciden todas las organizaciones consultadas es en el temor a que la medida pese a que, para algunas, contiene aspectos positivos derive en la creación de “guetos” educativos. Así lo expresa el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCCO en Canarias, José Ramón Barroso, para quien “el objetivo debe ser que los alumnos inmigrantes se incorporen lo antes posible al sistema”. En este sentido, considera “excesivo” el periodo máximo de un año que los niños pueden permanecer en las aulas de acogida.

No obstante, Barroso aplaude que el modelo canario haya optado por que estas aulas se ubiquen en los centros escolares, y no fuera de ellos, como en Cataluña. “Así es positivo que los niños vivan la vida del centro”, apunta. Igualmente, CCOO celebra que la iniciativa no se destine únicamente a los extranjeros sin dominio del español, sino también a los hispanohablantes con insuficiente nivel educativo, puesto que, según su secretario general, “la integración no sólo debe ser idiomática, sino también cultural”.

También desde CCOO, Luc André, secretario de Migraciones de la organización, muestra sus recelos ante un proyecto que, de no gestionarse adecuadamente, “puede llevar a segregación y malentendidos”. Respecto a que el modelo seguido sea el de Cataluña, recomienda tener en cuenta que esta región está “a años luz” de Canarias en medios materiales y avances en política de integración.

Entre los aspectos positivos de la idea figura, a juicio de Andrés, la elección de Fuerteventura para implantarla como experiencia piloto, ya que en esta Isla la que cuenta con un mayor porcentaje de alumnado inmigrante “las administraciones están trabajando bien en políticas de integración”. Menos le convence que se haya esperado a que el curso esté en marcha para aplicar la iniciativa. “Nos hubiera gustado que se hiciera dos o tres meses antes de que se abrieran los centros”, indica.

“Si se comprueba que, al cabo de seis meses, la experiencia no da resultado, la Consejería debería sacar conclusiones y sentarse con padres, profesores y todos los que estén relacionados con los estudios de los inmigrantes”, propone Luc André.

Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT en Canarias, está de acuerdo con el hecho de que las aulas de acogida se localicen en los centros educativos para así favorecer la integración. Sin embargo, es muy crítico con la posición que ha mantenido hasta el momento la Consejería de Educación, que, a su juicio, no ha provisto el suficiente personal de apoyo y ha dejado estas acciones en manos del “voluntarismo” del profesorado.

STEC-IC, por su parte, está “totalmente en contra” de la medida. Uno de sus portavoces, Ramón Morales, acusa a Educación de aplicar “políticas de desintegración” y de favorecer los “guetos”. Morales entiende que estos menores deben ser integrados en los centros con recursos de apoyo, y denuncia, al tiempo, que estos recursos escasean.

También la rechaza EA-Canarias, que se muestra partidaria de integrar a los alumnos inmigrantes en las aulas “convencionales”, preferentemente en los grupos que corresponden a su edad, y prestarles un “refuerzo especial” para el aprendizaje de la lengua española. El proyecto que, con carácter experimental, pondrá en marcha la Consejería en enero le parece a Domingo Méndez, portavoz de EA, una forma de “mantener la segregación de alumnos”.