La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, valora que se modifique la Ley de Extranjería y aprecia la capacidad del ministro Corbacho para atender la llegada de cayucos o pateras en condiciones infrahumanas procedentes del continente africano" según declaró la consejera.

Rojas puntualizó que en el proyecto de ley es necesario incluir de forma decidida la atención, acogimiento e integración de los niños que vienen en esas pateras y cayucos, una inmigración aún más cruel, que vulnera los derechos humanos ratificados por el Estado español a través de los tratados internacionales.

“La cuestión de los niños africanos procedentes de la inmigración clandestina debe ser una cuestión de Estado, porque ya no se trata de una situación coyuntural, sino estructural, como así lo ha apuntado la Unión Europea”.

Aunque en el último año ha descendido la llegada de cayucos, las muertes han aumentado, y también el número de niños, disminuyendo además su edad. Incluso a Fuerteventura llegó una patera con sólo un adulto y 16 niños, o más recientemente a Lanzarote otra con 32 personas de las cuales 27 eran niños, la mayoría de ellos de entre nueve y doce años.

Las familias africanas saben ya que los niños no pueden ser repatriados, y la tendencia, por tanto, es que vengan más y que cada vez sean más pequeños.

“Por nuestra tierra han pasado más de seis mil niños”, precisó.

Cuando un menor de edad, sin filiación llega a un país, las leyes y tratados internacionales ratificados por el Estado español los considera como nacionales del país en el que se encuentran.

Rojas reivindica que en la ley de extranjería se incluya la política de menores. “La ley del menor dice que cuando un menor residente en el territorio es declarado en desamparo, la competencia de su tutela es de la comunidad autónoma, sin embargo estos niños no residen en Canarias, sino que son rescatados en alta mar y es Salvamar, o sea el Estado, quien los trae a la Comunidad autónoma Canaria, de ahí que sigamos reivindicando la modificación la ley de extranjería en este sentido, porque desde luego existe una auténtica laguna legal”.

“Otro apunte para el debate y la reflexión es que cuando un menor cumple la mayoría de edad después de estar tutelado por el Gobierno de Canarias, el Estado no garantiza que obtengan sus papeles de residencia, como indica la ley, y ese es otro motivo por el que hay modificar la normativa en materia de extranjería”, destaca Rojas.