La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de modificar la ordenanza relativa a la prostitución para evitar el cierre masivo de clubes de alterne en la ciudad ha sido acogida de manera desigual. Mientras que los empresarios del sector y los colectivos que representan a las prostitutas valoran positivamente la decisión, tanto CiU como PP lo ven como un signo de debilidad del gobierno de Jordi Hereu. La tesis de la oposición es que de una iniciativa encaminada a acabar prácticamente con el ejercicio de la prostitución se ha pasado a una legalización de facto.

Por contra, quienes más visiblemente satisfechos estaban con el cambio eran lógicamente los empresarios propietarios de clubes, agrupados en la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), cuyo asesor para temas jurídicos y portavoz, José Luis Roberto, insistía a ABC que la modificación de la ordenanza era una medida imprescindible si no se quería evitar un cierre completo.

En la misma línea, pero desde la óptica de las mujeres que trabajan en estos locales, se expresaba Clarisa Velocci, de Genera, asociación integrada en la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia, que señalaba que los supuestos problemas de convivencia vecinal que los prostíbulos generan no se solucionan con una medida que lleva a esta actividad a la «clandestinidad». «Estamos satisfechas porque al fin se han escuchado los argumentos que llevamos repitiendo desde hace años: hay que regular, sí, pero sobre todo hay que hacer una regularización laboral». Velocci precisó a este diario que la decisión municipal se ha tomado escuchando, al menos una vez, a los colectivos de mujeres, en un encuentro que se realizó a instancias de la síndica de Barcelona, Pilar Malla.

En favor de una regulación más profunda se posiciona también Anela, donde se considera que la ordenanza de Barcelona tiene que ser sólo un primer paso. «No podemos regular las características físicas de los locales y no las relaciones laborales que se dan en el interior», insiste José Luis Roberto, que apunta además a la necesidad de una aplicación «ad hoc» de la ley de Extranjería, en una «profesión» en la que el 90 por ciento de las mujeres no son españolas.

En cualquier caso, la marcha atrás municipal, que permitirá a los 300 clubes de alterne de Barcelona seguir funcionando pese a estar ubicados junto a viviendas o a menos de 200 metros de otro club o de una escuela, no ha gustado a los grupos de CiU y PP. El presidente convergente en el Ayuntamiento, Xavier Trias, acusó al alcalde de no hacer cumplir las normas a los locales ni dar respuesta social a las afectadas, y le acusó de «inhibición». Trias argumentó que la decisión municipal de «dar marcha atrás» en la normativa pone de manifiesto su «falta de autoridad y desidia con la que afronta esta norma». Trias recordó que en su momento, el Consistorio dio a los locales «un plazo de cuatro años para actuar, pero no se hizo nada». Desde CiU, Trias consideró que es «una vergüenza y un engaño». «Me siento especialmente dolido. Nos dotamos de una herramienta muy potente. Por un lado reformábamos las ordenanzas y nos comprometíamos a hacerlas cumplir», añadió.

Mantener las distancias

Por su parte, el concejal del PP Alberto Villagrasa, reclamó que se mantenga la prohibición de que haya prostíbulos cerca de colegios y hospitales, y que esta medida afecte tanto a los nuevos locales como a los ya existentes, como contemplaba inicialmente la ordenanza. El popular acusó a Hereu de «actuar con complejos frente a la prostitución»; «las normas han de poder aplicarse y no dejarlas a medias como ha hecho el consistorio».