gasteiz. Las mujeres víctimas de la violencia machista, ante la insistencia de las preguntas en los juzgados, “se han sentido enjuiciadas, no comprendidas, y a menudo tienen que hacer un enorme esfuerzo para ser creídas, para probar su maltrato”. Estas opiniones de mujeres afectadas figuran en dos informes sobre la eficacia de los servicios judiciales y policiales ante el maltrato, hechos públicos ayer por el instituto vasco de la mujer, Emakunde. Los informes se han realizado encuestando a las víctimas y a los profesionales que les atienden en la Justicia y en la Ertzaintza.

Los documentos llaman la atención sobre el hecho de que son pocas las mujeres que son capaces de concretar en qué juzgado se ha visto su causa. Además, el lenguaje técnico empleado por los diferentes operadores jurídicos dificulta el acceso a la información.

Las condiciones físicas del Juzgado, localización y horario, son valoradas por las mujeres víctimas encuestadas, pero se ha recogido que en algunas ocasiones han coincidido en los pasillos con el supuesto agresor tanto antes como después de las vistas.

También se ha observado que en ocasiones las mujeres ponen la denuncia sin estar acompañadas de un letrado, hecho que puede tener sus consecuencias negativas para la mujer, ya que puede que no tenga información suficiente sobre lo que le puede suponer el proceso y los trámites a seguir.

incumplimiento de medidas Las mujeres víctimas a las que se les ha concedido una orden de protección o una medida de alejamiento están satisfechas con la rapidez con la que fueron concedidas, pero no tanto con su eficacia ya que en una gran parte de los casos ambas medidas han sido incumplidas. El informe destaca que esto tiene efectos importantes, no sólo en la seguridad de la mujer, sino también en la percepción sobre la actuación de los servicios públicos, sintiendo que ante este delito de quebrantamiento no se actúa con la suficiente rotundidad.

Por último, el derecho a la asistencia gratuita es un aspecto que genera mucha confusión entre las mujeres puesto que al iniciar el proceso consideran que la totalidad del proceso es gratuito. Según Emakunde, “es una información que llega a las mujeres de manera confusa, previamente por los medios de comunicación, y es necesario aclarar antes de interponer la denuncia, en unos momentos en los que la mujer tiene que asimilar una cantidad de información excesiva”.

Los profesionales de los diferentes recursos judiciales y los ertzainas son considerados como buenos profesionales y las mujeres manifiestan su satisfacción con su labor. Respecto a la actuación policial, se subraya el esfuerzo desarrollado desde Interior por dotar de medios y formación las actuaciones.

Por ejemplo, se ha destacado muy positivamente, frente a la actuación de otros cuerpos policiales, la prioridad de la consideración de víctima frente a la condición administrativa de las inmigrantes. Así, hay una instrucción específica mediante la cual el conocimiento de la situación de irregularidad de la mujer no obligaría al personal de la Ertzaintza a instruir el expediente de expulsión cuando se esté atendiendo a una mujer inmigrante irregular en condición de víctima de un delito de maltrato. >deia/Agencias