Detienen a 37 vigilantes y empresarios en Cataluña, pionera en legislar el acceso a esta profesión Hecha la ley, hecha la trampa. Si Cataluña fue pionera en legislar el acceso y funciones de los porteros de discoteca, tenía que ser la primera en registrar un fraude relacionado con esta normativa. Afortunadamente, los Mossos d’Esquadra lo han detectado a tiempo y han conseguido desmantelar una red dedicada a falsificar los certificados que otorga la Generalitat a los controladores de acceso.

Por esta estafa, ya han sido detenidas 37 personas, entre las que hay empresarios y vigilantes de seguridad. A cambio de unos 400 euros, decenas de personas han conseguido el carné que acredita la superación de un curso y que lleva el sello del Gobierno catalán.Otros tantos únicamente habían entregado la documentación necesaria para obtener el certificado pero no habrían llegado a abonar dinero alguno.

Fuentes de la investigación explicaron a EL MUNDO que las pesquisas iniciales arrancaron hace meses, pero no fue hasta hace tres semanas cuando se realizaron las primeras detenciones. En total, fueron arrestadas 37 personas – 35 entre vigilantes de seguridad y dos empresarios que se dedicaban a falsificar el carné de controlador de acceso – . Un portavoz de la Policía catalana se limitó ayer a confirmar «un operativo con detenidos», pero añadió que no pueden aportar más datos porque «la investigación está en marcha».De hecho, fuentes extraoficiales señalaron ayer que en los próximos días se llevarán a cabo más capturas. Las pesquisas han sido llevadas a cabo por la Unidad Central de Juegos y Espectáculos de la Policía autonómica en colaboración con la Dirección General de Juegos y Espectáculos de la Generalitat.

La investigación, que dirige el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, se inició tras detectarse certificados de controladores de acceso que habían sido falsificados. El proceso – según recogen las pesquisas – era el siguiente. Las personas interesadas en obtener trabajo como controlador de acceso se ponían en contacto con una empresa denominada Control Trust – según consta en las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso este diario – y que se dedica a proporcionar personal a locales de ocio nocturno, tanto vigilantes como camareros y animadores. Dado que muchos de los trabajadores que querían apuntarse en esta sociedad carecían del certificado de controlador de acceso que otorga la Generalitat tras superar una serie de pruebas, desde la empresa les ofrecían contactar con Miguel Angel F. para obtener el carné y la placa que los pudiera acreditar como profesionales del sector.

Según las diligencias que obran en el juzgado, este individuo gestionaba las falsificaciones después de reclamar a los solicitantes el DNI y otra serie de documentación absolutamente necesaria para elaborar el carné. Además, les reclamaba unos 400 euros aproximadante por las gestiones y por ahorrarse acudir al curso y pasar los correspondientes exámenes.

Después de que los Mossos d’Esquadra identificaran a este hombre procedieron a su detención y tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión provisional. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que podría haber sido ya puesto en libertad.En todo caso, tanto este hombre como otro supuesto falsificador están encartados por el momento por un delito de estafa. Paralelamente, los agentes de la Policía autonómica arrestaron a un total de 37 personas. Entre estos hay muchos solicitantes de este certificado, que tras declarar en sede policial fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado que investiga el asunto en caso de ser requeridos.

Los arrestos se produjeron en diferentes puntos de Cataluña – como Barcelona y Girona – y entre los detenidos había empresarios de locales de ocio nocturno que querían obtener el certificado de controlador de acceso otorgado por el Gobierno catalán.

Lo que el juzgado de Barcelona está tratando de esclarecer, entre otros extremos, es si los solicitantes eran conocedores de que los carnés se expedían de forma ilegal. Otro de los extremos que se están indagando es cómo los certificados podían tener el memebrete oficial de la Generalitat de Cataluña.

Fuentes cercanas a las investigaciones explicaron ayer que la operación «no está ni mucho menos cerrada», y que podría haber «decenas de personas que han recibido el certificado de forma irregular o que estaban en trámites de conseguirlo».

APOYOS

Un sector sujeto a la polémica

BARCELONA. – No es ni de lejos la primera vez que se mezcla el ocio nocturno con la Generalitat y la Policía catalana. Como ya informó en su día este diario, mandos de los Mossos d’Esquadra encargados de vigilar, controlar y sancionar a discotecas y salas de fiesta han impartido clases de formación remuneradas a los dueños de estos locales.

El 27 de enero de 2007, EL MUNDO publicó que efectivos de los Mossos daban clases en comisaría a cambio de 300 euros. El ex director general de Juegos y Espectáculos de la Generalitat, Xavier Guitart, aseguró entonces que estas prácticas eran denunciables.

Al día siguiente de que se publicara la noticia, el conseller d’Interior, Joan Saura, aseguró que los cursos son cobrados por la Generalitat. Un día antes, desde los Mossos d’Esquadra se señaló que no se había cobrado dinero.

Los sindicatos policiales salieron a la palestra para criticar que una gestoría estuviera organizando las clases. A las críticas se sumaron también CiU, PP y Ciutadans, que pidieron explicaciones y la comparecencia del conseller de Interior.

A parte de las críticas, empresarios de la noche denunciarion a este diario que eran extorsionados para apuntarse a los polémicos cursos.

La división de Asuntos Internos abrió una investigación que cerró semanas después, mientras que el tripartito bloqueó una comparecencia de Joan Saura.

Un año después – el pasado mes de mayo – , nuevamente EL MUNDO informa de que los máximos responsables policiales en materia de locales de ocio noturno impartieron dos días de clases a cambio de 200 euros. Por si fuera poco, los asistentes pagaron en metálico y la mayoría no recibieron factura alguna. Aunque de puertas para fuera se defendió la iniciativa, a nivel interno la celebración de los cursos, tras la polémica generada un año antes, generó un gran malestar.

En ambos casos, los organizadores de las clases fueron los mismos, la Federación de Locales Musicales (FECASARM) y la consultoría Menon. Enric Campaña es, curiosamente, el responsable de esta firma y el director de recursos humanos de la federación.

Primera mancha negra de una legislación adaptada en Madrid

BARCELONA. – En julio de 2004, Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma que reguló la habilitación de personal de control de acceso a las salas de fiesta y discotecas y las funciones que deben desempeñar. La creación de esta normativa – llevada a cabo a través de un decreto del Departament de Interior – fue fruto de la presión social ejercida tras el denominado crimen del Maremàgnum, que acabó con la vida de Wilson Pacheco, un hombre ecuatoriano tras ser lanzado al mar por porteros de uno de los locales del Puerto de Barcelona. Los tres condenados están cumpliendo penas de 13 años de cárcel por delitos de homidicio.

Desde la aprobación de la normativa se ha reducido sustancialmente el número de incidentes en los locales de Cataluña y no se ha producido muerte alguna.

Los porteros reciben clases en la Escuela de Formación de Controladores de Acceso, donde tras pasar 25 horas teóricas y 15 prácticas pueden presentarse al examen en caso de que tengan el graduado escolar y carezcan de antecedentes penales. Los test plantean cuestiones relacionadas con la normativa y situaciones conflictivas que se puedan producir en el ejercicio de su labor.

El decreto aprobado por la Generalitat establece que la finalidad de las funciones de los controladores de acceso es «garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas y de evitar y erradicar cualquier situación abusiva y/o discriminatoria hacia las personas que accedan a estos establecimientos».

La normativa

La legislación también estipula los casos en los que los controladores deben prohibir la entrada al establecimiento, entre los que figura la minoría de edad. Además, la normativa establece que los porteros no deberán «asumir o ejercer las funciones propias de los vigilantes de seguridad». El decreto aprobado por la Generalitat restringe los locales o eventos en los que estos profesionales puedan actuar, acotándolos a los espectáculos, bares musicales, discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculos, café teatro y café concierto, además de actividades recreativas culturales como verbenas. Esta legislación estipula fuertes sanciones económicas para los locales que incumplan el derecto.

Uno de los datos que han revelado las primeras promociones de controladores es que un 40% de los aspirantes son extranjeros.

Tras pasar estas pruebas, se les otorga un certificado sellado por la Generalitat, un carné profesional que acredita sus estudios y un distintivo o placa de identificación. Son precisamente estas credenciales las que eran falsificadas por la organización desmontada por los Mossos d’Esquadra y que se ha convertido en la primera mancha negra de este reglamento, que ya ha sido adaptado en Madrid.

Píe de foto titulada

EL CASO QUE OBLIGO A LEGISLAR EL ACCESO A PORTERO. Decenas de amigos y familiares despidieron en enero de 2002 a Wilson Pacheco, el hombre ecuatoriano que perdió la vida al ser lanzado al mar por porteros de locales de ocio del Puerto de Barcelona. El caso Maremàgnum provocó una presión social suficiente como para que la Generalitat aprobara un decreto para regularizar el acceso y funciones de los porteros de discoteca.