ANTONI LÓPEZ – Barcelona

“¿Queréis farlopa? Venid al lavabo, que os la enseño”, ofreció un vendedor a dos agentes
Coca, coca buena, sólo 50 euros". Lamin K., gambiano, creyó haber encontrado un par de su mercancía en Escudellers de Barcelona, pero aquella fría noche de invierno la pasó en el calabozo. No eran clientes, sino mossos d´esquadra, que rápidamente procedieron a su arresto y se incautaron de los 625 miligramos que guardaba en la boca en dos papelinas. Numerosos pequeños traficantes son apresados al confundir a agentes de paisano por consumidores de droga, incurriendo en un delito contra la salud pública que suele costarles unos cuatro años de prisión. Los juicios por estos casos menudean en la Audiencia de Barcelona.

El último, desesperado y escasamente lucrativo eslabón del narcotráfico no es difícil de quebrar. “Los miembros del dispositivo de delincuencia urbana de los Mossos d´Esquadra no hacen de cebo, ni falta que hace, porque sólo hay que esperar a que se produzca la venta”, explica una portavoz del cuerpo. Así se sorprendió a una traficante, recientemente juzgada, que ocultaba la droga en el cochecito de su bebé. Y con la misma estrategia, con los agentes de incógnito, vestidos a modo de turistas o consumidores de droga, muchas veces los incautos vendedores caen en la trampa. “¿Queréis coca muy buena?”, ofreció el angoleño Joan Sebastián O. a una dotación policial en la Rambla del Raval a altas horas de la madrugada. Se le intervinieron 0,245 miligramos de una cocaína que resultó no ser tan buena, con una riqueza del 28,6%. “En el marco del menudeo y la pequeña distribución las detenciones no suelen presentar dificultad, pero en casos así la comodidad es máxima”, indican fuentes policiales. La mercancía que quiso colocar Mourad O. por 30 euros a dos agentes de paisano en la calle Sant Pau presentaba una pureza del 77,4%. Mohamed A. ofreció la suya, hachís y cocaína, a un miembro de la Guardia Urbana en la plaza Sant Agustí.

Dada la amplia diversidad de la clientela callejera, no es de extrañar que los autores de los trapicheos se confundan. A un traficante de la Rambla le confiscaron no sólo la coca que ocultaba en la chaqueta y los calzoncillos, sino moneda de países como Rumanía, Guinea-Bissau, Haití, Filipinas, Guatemala, Honduras y Surinam, “fruto de su actividad ilegal”, indica la fiscalía. En febrero, frente a una discoteca del paseo de la Barceloneta, dos agentes interceptaron una transacción protagonizada por Mustafa C., que vendió coca por el importe de 50 euros a un ávido turista islandés. “Aprovechando el revuelo y la confusión que se produjo durante la detención, el adquiriente de la sustancia abrió el envoltorio que la contenía y esnifó parte de su contenido antes de ser requisado por la policía”, relató la acusación pública.

“¿Queréis hachís? Os lo vendo por 20 euros”, propuso Mustafa F. a una pareja de mossos en la calle Arc del Teatre. Una oferta similar a la efectuada por Karim D. en la plaza Reial. Aunque los distribuidores incautos no limitan su radio de acción a las calles. También operan en locales de ocio. Recientemente ha sido juzgado un hombre por vender droga a policías en el interior de una discoteca de Cornellà: “Queréis farlopa? La tengo buena en roca, venid al lavabo, que os la enseño”.

En algunos episodios, los traficantes se delatan de manera escandalosa. El inglés Adam B., cuyo juicio se ha aplazado en diversas ocasiones, mantuvo una airada discusión con su novia en la terminal B del aeropuerto de El Prat durante la cual lanzó su teléfono móvil contra una vidriera, por lo que dos policías locales procedieron a identificarle. En ese momento se le cayó una papelina de cocaína, lo que dio pie aun registro y al hallazgo de un total de 30 gramos, además de 1.835 euros en el equipaje.

A María Begoña S. también la arruinó una discusión, en una calle de Pineda de Mar, que motivó la intervención de la policía de la localidad. Los agentes le hallaron diversos envoltorios de cocaína y la mujer ha sido procesada como supuesta autora de un delito de tráfico de estupefacientes por el que el ministerio fiscal solicita una pena de seis años de prisión y una multa de 7.000 euros.