Se firmó el pasado viernes el Pacte Nacional per a la Immigració, que establece los principios básicos que deberán orientar las políticas en este campo que se desarrollen en Catalunya a partir de ahora. El acuerdo lleva la firma de los tres partidos del Govern, de CiU y 29 destacados agentes sociales, entre ellos Foment del Treball, Pimec, UGT, Unió de Pagesos y Cáritas. El PP, Ciutadans y el sindicato CC. OO. no han querido sumarse a la iniciativa, por motivos diversos. Tras el de vivienda y el de investigación, este pacto para la inmigración aborda una de las cuestionas que más preocupa a los ciudadanos después de la crisis y el paro, según los sondeos. En este sentido, hay que subrayar la voluntad de consenso que transmite el proyecto, en una materia cuya naturaleza compleja demanda sentido común y diálogo. Evitar polémicas estériles y riesgos innecesarios en la delicada gestión de la convivencia en nuestros barrios y pueblos es algo que debe estar por encima de la legítima lucha partidista. La unidad política y social sobre las políticas de inmigración es imprescindible.

El contenido del pacto hace énfasis en la acogida e integración de las personas inmigrantes, área que es de competencia autonómica y que también corresponde desarrollar a la administración local. El documento firmado prevé los mecanismos de arraigo de los extranjeros que deciden quedarse en Catalunya, poniendo el foco sobre los derechos y deberes que articulan los valores básicos en nuestra sociedad. El acuerdo destaca el papel integrador que tiene el aprendizaje de la lengua catalana como propia del país de acogida, así como el conocimiento del castellano como lengua también oficial. Con todo, hay aspectos muy sustanciales de las políticas inmigratorias que corresponden a la administración central y, por tanto, quedan fuera de este consenso. Los plazos para la nacionalización de residentes o el derecho de voto, que tanto debate suscitan, son cuestiones que dependen de Madrid. Por otro lado, el pacto suscrito implica un coste provisional de 2.000 millones en cuatro años, lo que reclama mucho esfuerzo y eficacia en el actual contexto de crisis.

Mientras Catalunya aprueba su carta de principios y prioridades en inmigración, el ministro Corbacho impulsa la reforma de la ley de Extranjería, que cambiará medio centenar de sus 71 artículos. De esta legislación dependerá, entre otras medidas, el control de flujos, la reagrupación familiar, la vigilancia de la inmigración ilegal y la persecución de la explotación de trabajadores extranjeros. Es deseable que esta reforma cuente también con el máximo acuerdo parlamentario.