La nueva Ley de Extranjería recoge puntos del PP que el PSOE calificó de «racistas»

El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para acometer  la cuarta reforma de la Ley de Extranjería desde que ésta fuera aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. Las líneas maestras del borrador que el Gobierno bendijo ayer, con la esperanza de que llegue al Congreso para su aprobación definitiva el próximo marzo, constituyen una auténtica enmienda a la totalidad a la política de inmigración que los propios socialistas abanderaron durante la pasada Legislatura y que abocó a España a continuos enfrentamientos con la Unión Europa, fundamentalmente originados a raíz de la regularización masiva promovida por el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera.
De esta reforma, el capítulo en torno a la reagrupación familiar es el que más oposición ha despertado entre las asociaciones de inmigrantes. A este respecto, el texto contemplará la necesidad de aumentar el rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda que posee el inmigrante que ya se encuentra en España, y también limitará la posibilidad de reagrupación de los ascendientes a aquellos que sean mayores de 65 años y que, además, puedan justificar las razones para autorizar su residencia en nuestro país. Del mismo modo, se elevan de forma significativa las sanciones con el fin de perseguir abusos generalizados como el «sobreempadronamiento» que soportan actualmente centenares de viviendas, el tráfico de falsos permisos que facilitan el acceso a prestaciones sociales o los matrimonios fraudulentos. En cuanto a los plazos de retención que podrán ser aplicados a los inmigrantes irregulares, el Gobierno plantea elevarlos de los 40 días actuales a 60, descartando aumentarlo en otros diez días adicionales, como solicitaban representantes de la Policía. En cualquier caso, los veinte días en los que se verá incrementado el periodo de internamiento de estas personas permitirán a las fuerzas de seguridad tener más margen para efectuar las gestiones que conlleva un proceso de repatriación, ya que con los 40 actuales este mecanismo se había convertido en los últimos años en un auténtico coladero «legal». Frente al carácter restrictivo de estos puntos, el proyecto del Gobierno recoge asimismo el derecho de asociación, manifestación y reunión así como a la educación secundaria a los hijos de los inmigrantes ilegales. Este reconocimiento tiene su origen en la incorporación al borrador del Gobierno de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y de directivas europeas, que garantizan de forma global a este colectivo el conjunto de los derechos fundamentales.
Con este nuevo giro en su política de inmigración, que ya fue anunciado en el Parlamento Europeo el pasado mes de junio, el Gobierno reconoce su error y frivolidad pasados. Sea bienvenida la rectificación, que beneficiará tanto a la sociedad española como a los inmigrantes, que gracias a su impulso dinamizador han contribuido de manera decisiva al desarrollo del país. Resulta positivo que, si bien ha perdido mucho tiempo, el Gobierno incorpore y asuma como propias muchas de las iniciativas que el Partido Popular propuso. Éste es un buen ejemplo de los errores en los que no debe caer un Gobierno responsable, como hacer demagogia con un asunto tan sensible social y humanamente para utilizarlo como arma arrojadiza contra el adversario. Porque conviene recordar que algunas de las medidas aprobadas ayer fueron tachadas en su día de «xenófobas» y «racistas» por los dirigentes socialistas porque las proponía el PP.