Seguramente el menor de los problemas de las mucamas de los directores generales sea aprender a decir buenos días en el idioma del señorito. Si eso les garantiza los papeles, los inmigrantes no dudarán en recitar lo de los setze jutges con un dedo en la nariz. El «Pacto Nacional por la Inmigración» firmado ayer en Cataluña obligará a los extranjeros a superar una prueba de catalán para poder quedarse. No se ha descrito todavía en qué consistirá el examen pero es de suponer que no bastará con entender al funcionario que les interrogue. Como prueba de arraigo es un filtro casi insuperable y más preciso que una tarjeta de metro para demostrar sí o sí que se vive en Cataluña. Sin embargo, no deja de resultar chocante que la Delegación del Gobierno de España, competente en la materia por el momento, vaya a asumir el requisito de que los inmigrantes extranjeros muestren en el negociado de la cosa su manejo del catalán. Chocante porque hasta donde se sabe, a los nacionales venidos de otros puntos de España no se les obliga a saber el catalán para trabajar en Cataluña, a no ser que opten a un puesto de funcionario y deban asistir a las conferencias de un conseller.

Nadie hubiera podido imaginar antes del primer tripartito que los gobiernos socialistas fueran a ser más severos que CiU en la exigencia y el cumplimiento de las normas lingüísticas. Y menos el celo de Montilla sobre el particular.

Ni siquiera el hecho de que le vaya en ello la continuidad en el cargo justifica que haya asumido el discurso de ERC en asuntos en los que el socialismo tenía sus propias teorías, como la inmigración y el catalán. Los muy nacionalistas tienen motivos para estar satisfechos con Montilla: ya falta menos para que el camarero les entienda cuando piden un «tallat».

Pablo

Planas