Sería un error pensar que la firma del Pacte Nacional per a la Immigració culmina un proceso para abordar con sentido común – – en los dos sentidos posibles de esta expresión – – los retos que los procesos migratorios contemporáneos han generado para nuestra sociedad. La fuerza del Pacte firmado ayer es precisamente la de comprometer en el empeño de alcanzar esos retos a diversos sectores económicos, sociales y políticos del país. El documento debe ser considerado, sin duda, como el punto de inicio de una mayor coordinación y armonización entre todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de garantizar el mantenimiento de la cohesión social de nuestro país.
Nadie debería dudar de que los mayores interrogantes que hoy se plantean cuando abordamos estas cuestiones son todos los relacionados con la cohesión social; o lo que es lo mismo, tal como lo planteó ayer el president Montilla: la posibilidad de que Catalunya siga siendo un solo pueblo.

PLANTEAR EN serio la cuestión de la cohesión tiene unas consecuencias en el ámbito de las políticas sociales, laborales y, más genéricamente, de bienestar. Pero en nuestro caso también las debería tener en el campo de las políticas culturales y lingüísticas y en el de los derechos políticos, incluido el de sufragio. En Catalunya la cohesión, la posibilidad de ser un solo pueblo, ha venido garantizada por la capacidad de movilidad lingüística que ha tenido nuestra sociedad, no en el sentido de que toda la población tenga el pleno dominio de las dos lenguas, sino por la capacidad de adaptación, de ausencia de fricción, a pesar incluso de los esfuerzos que algunos hacen desde fuera de Catalunya para que esta fricción exista.
Esa movilidad, esa flexibilidad lingüística, solo es posible si todos aquellos que viven en nuestro país tienen la capacidad de conocer las dos lenguas, tanto en el sentido de su comprensión como, sobre todo, en el de la importancia del respeto al otro en el uso de una de estas lenguas.
La decisión del Pacte Nacional per a la Immigració de tener que demostrar unos conocimientos lingüísticos para obtener el informe positivo de arraigo tiene sentido. No se trata de plantear la prueba de nivel C de catalán para quien quiera obtener el permiso de residencia, simplemente se trata de tomarse en serio que somos un país y que una de nuestras lenguas oficiales, que además es la propia – – y que para más referencias tiene una posición débil en el mercado de las lenguas del mundo – – , debe ser motivo de especial protección y respeto por todos los que vivimos en el país, independientemente de nuestro lugar de nacimiento.
Esta medida está llamada a ser polémica porque algunos – – los de siempre – – querrán ver en ella la imposición y la intolerancia de las instituciones catalanas. A estas alturas lo importante no es lo que esos puedan decir sino cómo vamos a desarrollar esa medida y cómo se garantizará que todos los recién llegados tengan acceso real a cursos de catalán. No es un tema menor: lo injustificable sería que una vez planteado el requerimiento, fuera la propia Administración la que no pudiese atender la demanda de cursos de primeras nociones lingüísticas.
Invertir en el conocimiento básico de la lengua es también invertir en convivencia comunitaria. Sin esa convivencia todas las políticas sociales pueden caer en saco roto. Y la convivencia tiene que ver con aspectos sociales y económicos pero también con pautas y conductas de comportamiento, valores, derechos y deberes. Y en ese punto es donde el Pacte vuelve a plantear otro tema central, en el que la Generalitat dispone de competencias, y en el que no podemos seguir de manera errática ni voluntarista. Me refiero a las actuaciones de acogida que se deben realizar a cualquier persona que llega al país como resultado de un proyecto migratorio. Hay que asumir que la acogida es una responsabilidad de los municipios y que hay que dotar a los mismos de los recursos – – no solo económicos – – para que se realice en condiciones y armónicamente con el resto de municipios.
La acogida es nuestra carta de presentación al recién llegado. La información y la orientación que se les preste es básica para que el inmigrante reciba en condiciones aquello que nosotros le queremos transmitir. La capacidad de ofrecerle una orientación eficaz, también en el ámbito laboral, y coordinada con todos los estamentos públicos es un punto de partida indispensable. Sin una buena orientación en la acogida, el riesgo de que la acomodación del recién llegado se tuerza es grande.

EL PACTE fija unos criterios que ahora la ley de acogida que el president Montilla anunció en el debate de política general tendrá que rematar. Y en ese punto el protagonismo de los municipios es innegociable. Hoy les debemos a ellos lo poco o mucho que se ha hecho en esas actuaciones, a pesar de que durante muchos años lo han asumido sin los recursos adecuados.
Es posible que algunos piensen que el Pacte firmado ayer es solo una imagen vacía de contenido y sin mucho recorrido. Yo no lo comparto, a pesar de que el empeño en los retos que el Pacte propone son ciertamente difíciles. Pero en cualquier caso prefiero una foto como la de ayer – – pese a que no fue completa – – que a la de la bronca pública con el telón de fondo de la inmigración.

*Director de la Fundació Jaume Bofill