cuando Gaspar Llamazares, asegura que el proyecto de modificación de la actual Ley de Extranjería impulsado ayer por el Consejo de Ministros tiene “tufillo insoportable a derechazo”, y el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, habla de que es una “copia al 80%” de una de sus propuestas, ambos están muy cerca de la verdad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, prometió defender las normas necesarias para regular el fenómeno de la inmigración, y está claro que cumple con su palabra. Pero parece empeñado en hacerlo a golpe de maza y no mediante el entendimiento y la socialización de un fenómeno creciente que necesita de mano izquierda y no de mano dura . Corbacho defendió la ampliación del internamiento de los inmigrantes a 60 días, veinte más de los que contempla la ley actual. Además, el texto restringe algunos aspectos de la reagrupación familiar. Sobre la ampliación del internamiento que puede llegar a los 70 días en casos excepcionales se pronunció ayer la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, que alertó de la “dudosa constitucionalidad” de la propuesta. La idea de que un inmigrante pueda permanecer internado en uno de los centros de acogida desperdigados por el Estado hasta 70 días atenta contra los derechos humanos de forma grave. No sólo porque los centros están saturados sino porque no cuentan con los mínimos exigibles para atender los derechos básicos de una persona. Es verdad que el proyecto de ley que el Gobierno Zapatero espera aprobar en marzo intenta luchar contra las mafias y contra el tráfico ilegal de inmigrantes a través del endurecimiento de las penas, y que se preocupa de que los inmigrantes accedan a un empleo. Pero estos aspectos positivos chocan con la ampliación del periodo de internamiento y el límite a la reagrupación familiar de los ascendientes de los inmigrantes ya residentes en el Estado. Las razones humanitarias deberían contar a la hora de proponer mejoras en el tratamiento administrativo a los inmigrantes. Una parte de la sociedad mira la llegada de los inmigrantes con reparo y la labor del Gobierno debe ser, precisamente, la de concienciar a esta parte de la sociedad y legislar en beneficio de las personas que llegan desde otros países para aportar beneficios.