El Gobierno dio “luz verde” ayer al anteproyecto de la nueva ley de extranjería, cuyo texto entrará en trámite parlamentario en el primer trimestre de 2009. En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que esta modificación va encaminada a “perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada”.

Cercana a las tesis del PP

El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que defendía el PP en su proposición de ley del pasado noviembre: terminar con las reagrupaciones de familiares en cadena, aumentar las multas a los que propician la inmigración ilegal, incrementar el control de los flujos y potenciar los instrumentos del Estado para llevar a buen término las expulsiones de clandestinos, entre otros aspectos.

La nueva reforma de la ley de extranjería acota las reagrupaciones familiares de los extranjeros y eleva a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento, dos aspectos que las asociaciones de inmigrantes no han visto con buenos ojos.

El texto plantea limitar la reagrupación de los ascendientes (abuelos), de modo que sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familiar resida en España desde hace cinco años.

Según el ministro Corbacho, se trata de distinguir entre la reagrupación del núcleo familiar – que “debe ser lo más rápida posible” – y los ascendientes.

En este contexto, la reforma prevé conceder permisos de trabajo a los hijos reagrupados en edad laboral (16), permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia machista para que no tengan miedo a denunciar, y posibilitará reunir a la pareja de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio.

Distintas asociaciones de inmigrantes ya han rechazado la limitación a la reagrupación familiar, entre ellos el portavoz de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, quien considera la medida “absurda y desproporcionada”.

Rumanos y búlgaros

El Consejo de Ministros acordó también levantar la moratoria que impedía la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros, a pesar de que ambos países son miembros de pleno derecho de la Unión Europea. A partir del 1 de enero de 2009, los nacionales de estos países podrán trabajar en España como comunitarios.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó que mantener el veto a estos ciudadanos “no tenía mucho sentido”, habida cuenta de los Gobiernos de ambos países han puesto en marcha campañas de retorno de sus nacionales y que las crecientes economías de Bulgaria y Rumanía hacen previsible que los flujos de llegada se frenen por sí solos. En cualquier caso, Corbacho anunció que dentro de seis meses el Ejecutivo analizará la situación para evaluar si el fin de las barreras a estos ciudadanos ha tenido efectos negativos, si bien se mostró convencido de que no será así.

En la actualidad en España hay registrados 715.750 ciudadanos rumanos y 143.045 búlgaros. La comunidad rumana creció de octubre de 2007 a octubre de 2008 casi un 42%, mientras que la colonia búlgara aumentó un 25% en idéntico período.

En la actualidad España cuenta con 1.995.291 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de los que 674.337 pertenecen a la Unión Europea y los otros 1.320.954 a países extracomunitarios.