Incrementa las multas por infracciones administrativas pero refleja mejoras en otras materias y derechos

madrid. La nueva reforma de la Ley de Extranjería limita la reagrupación de los ascendientes, ya que sólo podrán venir a España los mayores de 65 años y si su familiar reside en el país desde hace cinco años, y además eleva las sanciones en la materia. El Consejo de Ministros estudió ayer el informe de la futura reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta en ocho años, que incorporará distintas directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional.

más rigor

Reagrupación familiar

En el capítulo de la reagrupación familiar de los extranjeros, el texto propone más rigurosidad en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda con que cuenta el reagrupante, así como otorgar desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral.

También contempla que la reagrupación de menores en edad escolar será conocida con antelación por las autoridades educativas y será posible reunir, en las mismas condiciones que un matrimonio, a la pareja de hecho.

La petición de traer a España a los ascendientes (abuelos) sólo se realizará cuando el reagrupante alcance la residencia de larga duración, el reagrupado tenga más de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.

multas más altas

Sanciones

Se establecen nuevas infracciones e incremento de las sanciones para evitar el “sobreempadronamiento” de viviendas o el tráfico de falsos empadronamientos para obtener beneficios como el acceso a la sanidad y educación pública, castiga los matrimonios fraudulentos y quienes promuevan la estancia irregular de sus familias.

Propone además aumentar las multas para todas las infracciones. Las leves tendrán un máximo de 500 euros, las graves un máximo de 10.000 y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000. Fija nuevas infracciones para quienes insten la autorización de un extranjero pero luego no lo contraten y para quienes simulen una relación laboral con el propósito de obtener una autorización.

Por otro lado, eleva los actuales plazos en los centros de internamiento de 40 a 60 días. Según el Gobierno, los plazos actuales de internamiento no son suficientes en determinadas ocasiones para acometer ciertas expulsiones; la directiva europea de retorno de los inmigrantes, aprobada recientemente, establece plazos de internamiento máximos de 18 meses.

escolarización y formación

Integración social

En cuanto a la integración social, el texto prevé medidas específicas para favorecer el aprendizaje del castellano y demás leguas cooficiales, la escolarización de los menores y el acceso al empleo como factores especiales de integración. También propone acciones formativas que fomenten el conocimiento y el respeto de los valores constitucionales. Apuesta además por la cooperación entre la Administración estatal y las comunidades y ayuntamientos a través de la dotación de un fondo específico para financiar las actuaciones necesarias.

Régimen laboral

Residencia y trabajo

La reforma vincula el inicio de la autorización de residencia y trabajo al contrato de trabajo efectivo y al alta en la Seguridad Social. Así, establece la concreción de la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Limita las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito geográfico, de acuerdo a los motivos que dieron lugar a su concesión.

También regula la movilidad de los residentes de larga duración en otros países de la UE que quieran residir en España vinculándola a una actividad productiva y moderniza la administración para dotar de más agilidad a los trámites a través de la comunicación electrónica.

Lucha contra las mafias

Inmigración irregular

En el capítulo de la lucha contra la inmigración irregular, la nueva reglamentación incorpora distintas directivas para expedir un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos y decretar la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas.

La reforma recoge la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. En este mismo contexto, se potenciarán una serie de instrumentos preventivos tales como:

La entrada y salida podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de control de su periodo de permanencia legal en España. Las compañías de transporte deberán comunicar a las autoridades una relación de las personas transportadas y tratadas de acuerdo a la protección de datos de carácter personal.

Establece más facilidades para posibilitar la colaboración de las víctimas de trata de seres humanos en la desarticulación de las redes que promueven la inmigración y la explotación ilegal de inmigrantes.