El Consejo de Ministros modifica medio centenar de los 71 artículos de la norma vigente desde el 2000

Limita el reagrupamiento familiar y refuerza los controles para agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares

El Consejo de Ministros modifica medio centenar de los 71 artículos de la norma vigente desde el 2000

El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la ley de extranjería que bien podían haber firmado los representantes del PP. El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto, aprobado en el 2000, y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que defendía el PP en su proposición de ley del pasado noviembre: terminar con las reagrupaciones de familiares en cadena, aumentar las multas a los que propician la inmigración ilegal, incrementar el control de los flujos y potenciar los instrumentos del Estado para llevar a buen término las expulsiones de clandestinos, entre otros aspectos. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no cree que haya problemas para que, tras los preceptivos dictámenes (del Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial , Consejo Económico y Social, Conferencia de Inmigración y Foro de Inmigrantes), el proyecto será aprobado sin demasiada oposición en el Parlamento.

Diferencias menores

Será un cambio notable en relación a los desencuentros del 2000 y el 2003 entre el Gobierno popular y la oposición socialista a cuenta de las reformas de este texto, unas diferencias que acabaron en el Tribunal Constitucional. El ministro se mostró «seguro» de que la «mayoría de las fuerzas políticas» apoyarán la reforma. De hecho, solo IU y ERC parecen oponerse a las grandes líneas de la reforma.

Las diferencias con el PP, reconocen responsables del Gobierno y del partido de oposición, existen, aunque son «menores». El Ejecutivo se ha negado, como pedía el PP, a prohibir por ley las regularizaciones extraordinarias «masivas» como la que los socialistas llevaron a cabo entre febrero y mayo del 2005, y que terminó con la legalización de 600.000 trabajadores hasta entonces clandestinos. El proyecto tampoco recoge cambios en el arraigo a la hora de conseguir la residencia temporal ni se hace eco del «contrato de integración» que Rajoy propuso durante la campaña electoral y que obligaba a los extranjeros a «respetar los valores constitucionales españoles y a aprender la lengua».