El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la ley de Extranjería que bien podía haber partido de un gobierno del PP. El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que defienden los populares: terminar con las reagrupaciones de familiares en cadena, aumentar las multas a quienes propician la inmigración ilegal, incrementar el control de los flujos y potenciar los instrumentos del Estado para llevar a buen término las expulsiones de clandestinos, entre otros aspectos.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no cree que haya problemas para que, tras los preceptivos dictámenes, el proyecto sea aprobado sin demasiada oposición en el Parlamento. Será un cambio notable en relación a los desencuentros de 2000 y 2003 entre el Gobierno popular y la oposición socialista a cuenta de las reformas de este texto, unas diferencias que acabaron en el Constitucional. El ministro se mostró «seguro» de que la «mayoría de las fuerzas políticas» apoyarán la reforma. El secretario general del grupo popular, José Luis Ayllón, se felicitó ayer mismo de que «el Gobierno haya reconocido su error en materia de inmigración» y aprovechó para denunciar que la reforma «tardía» es copia en «un 80%» de las propuestas del PP. Sólo IU y ERC parecen oponerse a las grandes líneas de la actualización, que también encontrará resistencia entre las organizaciones no gubernamentales, sobre todo por uno de los aspectos ‘estrella’ del proyecto: el endurecimiento de las condiciones de reagrupamiento familiar de los inmigrantes legales que ya se encuentran en España, con lo que se pretende evitar las regularizaciones en cadena, ya que los reagrupados se convierten en cuestión de meses, a su vez, en reagrupantes. El texto ya anticipa que en este asunto se va a ser «riguroso»: sólo podrán viajar a España los miembros de la «familia nuclear».

«Acogida limitada»

Para traer a los ascendientes, el inmigrante legal deberá cumplir varias condiciones: tener una residencia de larga duración (cinco años), que sus padres tengan más de 65 años y que haya motivos que «justifiquen» la solicitud. «La reagrupación de los ascendientes debe tener en cuenta la sostenibilidad de una política migratoria donde la capacidad de acogida no es ilimitada», advirtió ayer el Gobierno. En este punto, la sintonía con el PP es absoluta.

También lo es en otros aspectos clave de la reforma, como el previsto para agilizar las deportaciones. La propuesta gubernamental aumenta de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes ‘sin papeles’ pendientes de expulsión para facilitar su deportación antes de que se escabullan y estén ilocalizables. Este incremento del periodo de internamiento será otro de los puntos espinosos en el debate con las organizaciones sociales, a pesar de que el Gobierno ha rechazado llevar esta reclusión hasta los 18 meses, como permite la directiva de la Unión Europea llamada desde la izquierda como «de la vergüenza».

Hay otras características de la reforma legal que demuestran el cambio de proceder respecto a las políticas actuales. Se penará de forma más importante el ‘sobreempadronamiento’ en los denominados ‘pisos patera’, así como los falsos empadronamientos para conseguir acceso a la sanidad o la educación. Se sancionará también a quienes promuevan redes familiares de acogida a inmigrantes irregulares. Dentro de estos supuestos, estarán duramente castigados los matrimonios de conveniencia, falsear contratos de trabajo o simular relaciones laborales para facilitar los ‘papeles’ a un inmigrante.

En el otro lado de la balanza, se reconocen a quienes llegan a España de forma irregular nuevos derechos, como había ordenado el Constitucional. Se contemplan los de asociación, sindicación, reunión y huelga. Los clandestinos tendrán también derecho a la asistencia jurídica gratuita, que de hecho ya se les otorgaba. Por último, el texto prevé garantizar la escolarización de todos los inmigrantes hasta su mayoría de edad. En la lucha contra las mafias, se dará permiso de residencia a quienes denuncien y se endurecerán los controles en las fronteras.