El PP asegura que el Gobierno «copia» sus propuestas, y las ONG y colectivos de inmigrantes critican las medidas A Gaspar Llamazares (IU – ICV) no le gusta nada la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno pretende llevar a cabo porque, según dijo ayer, tiene «un tufillo insoportable a derechazo en materia de inmigración».

Además, criticó que el Ejecutivo socialista haya aprobado este anteproyecto de ley «de tapadillo y de forma clandestina», sin hablar con los sindicatos, la patronal, las organizaciones humanitarias, las comunidades autónomas y los partidos. «Es un derechazo del Gobierno», resumió. IU presentó ayer una propuesta en el Congreso para que la norma sea modificada con el objetivo de que, entre otras cosas, los inmigrantes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales.

El PP, por su parte, consideró que «el texto copia en un 80%» la proposición de ley que este partido presentó el pasado mes de noviembre, y «que es mucho más completa», según aseguró su portavoz en el Congreso, José Luis Ayllón. Este reconoció que el documento aprobado supone que el Gobierno «reconoce su error en materia de inmigración», pero lo hace «con una reforma tardía e incompleta».

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria anunció que su grupo parlamentario va a ser «muy crítico» con esa propuesta de reforma, cuando llegue al Congreso, por tiene «la misma impronta conservadora» que caracteriza a la actual ley y a la que propone el PP.

El sindicato UGT arremetió directamente contra las limitaciones introducidas en materia de reagrupación familiar, que «entran en contradicción con otras iniciativas del Gobierno, como el Plan de Derechos Humanos».

También detectó contradicciones el Consejo General de la Abogacía Española, que encuentra de «dudosa constitucionalidad» la ampliación del tiempo de internamiento de 40 a 60 días porque contraviene el Convenio Internacional de Extradición, fijado en 40 días.

Lo mismo piensa la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyo presidente, Javier de Lucas, también condenó que los inmigrantes sólo puedan traer a sus padres si tienen más de 65 años.

Las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos, como Aesco, Rumiñahui, y la Federación Nacional de Ecuatorianos, criticaron las limitaciones a la reagrupación y los nuevos plazos de retención en los CIE.

El único optimista fue el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Ramouhni, que dijo a Servimedia que la reforma supone «una oportunidad para alcanzar un gran acuerdo político y social». También apoya la ley la Confederación Española de Policía (CEP).