La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, recordó ayer, en el Día de la Emigración, que los inmigrantes deben gozar del mismo derecho a la dignidad y a la justicia que el resto de ciudadanos.

“Sesenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la noción de que los inmigrantes disfrutan de los mismos derechos humanos que los nacionales aún no es aceptada por una vasta mayoría de Estados”, reza el comunicado de Pillay.

“Todos los inmigrantes tienen el mismo derecho a la igualdad y a la justicia, como cualquier otra persona”, agregó.

Pillay recordó que la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Inmigrantes y los miembros de su familia entró en vigor 13 años después de ser promulgada a causa de la lentitud y la desidia de los Estados para ratificarla. A fecha de hoy, sólo 40 Estados la han ratificado.

“Y la Convención hunde sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo principal principio es que todos los hombres y las mujeres son iguales y no pueden ser tratados de forma distinta en función de su nacionalidad o su país de origen”, agregó la Alta Comisionada.

Pillay señaló que los inmigrantes siguen siendo discriminados en casi todas las sociedades, son explotados laboralmente y se les paga menos salario que a los nacionales a igual trabajo.

“A los inmigrantes se les niegan constantemente sus derechos a la seguridad social y la vivienda, y son excluidos de muchas oportunidades. Parece que los Estados, a pesar de que dependen de su trabajo para una gran cantidad de servicios, todavía tratan a los inmigrantes como seres humanos de segunda clase”, agregó Pillay.

La Alta Comisionada lamentó, asimismo, que exista una creciente criminalización de la inmigración irregular, y que la colaboración interestatal haya provocado, en muchos casos, la violación de los derechos humanos de esas personas, incluyendo el retorno forzado a unos países donde pueden ser perseguidos.

Por su parte, el director del Comité sobre Trabajadores Inmigrantes de la ONU, Abdelhamid El Jamri, y relator especial de la ONU sobre los Inmigrantes, Jorge Bustamante, quisieron llamar la atención sobre la situación de los menores inmigrantes.

“Estamos particularmente preocupados por la situación de los menores que migran solos sin la compañía de un adulto. Estos niños corren el riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de órganos o de personas, o de la explotación sexual o laboral”.

Y recordaron que la familia es el mejor lugar para la educación de un menor, por lo que pidieron a los Estados que “consideren de forma positiva y humana las peticiones de reagrupación familiar”.

Trámites burocráticos

La Administración central y las comunidades autónomas dispondrán desde enero próximo de una nueva aplicación informática para mejorar la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros, según anunció ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien declaró que la futura concesión de permisos por parte de las CCAA que así lo recogen en sus estatutos no supondrá más burocracia ni complejidad de gestión de estos documentos.

También ayer, los Jesuitas de Europa y América Latina-Caribe criticaron la Directiva de Retorno y el Pacto europeo sobre la inmigración y asilo, ya que no favorecen la libertad, “por más que proclamen el respeto a todos los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos y aunque pretenden la integración social de inmigrantes legales y refugiados, garantizando el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Ante la celebración de ayer denunciaron que las políticas en materia de inmigración de la Unión Europea priman la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia de los inmigrantes.

En este sentido, denunciaron que la regulación de la salida obligatoria y de la expulsión de migrantes en situación irregular “no considera las amenazas a los derechos humanos en sus países de origen, ni obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar asistencia letrada efectiva”.

Asimismo, señalaron que las prohibiciones de reingreso (hasta cinco años) “impiden que la persona pida asilo en la UE por causas sobrevenidas tras su retorno al país de origen”.

En el caso de los menores, indicaron que, tal y como se regula su repatriación, “no se garantiza el interés superior del menor” y añadieron, sobre el proceso de retorno voluntario, permite el internamiento de migrantes en proceso de expulsión sin suficiente control judicial, y con un plazo desproporcionado para las necesidades de identificación y aseguramiento del proceso".

Ante la imposibilidad de modificar los términos de la Directiva, los jesuitas confían "en que se pida justicia ante el Tribunal de Justicia de la UE para hacer prevalecer el Derecho internacional.