Barcelona – Los inmigrantes que lleven más de tres años en Cataluña y quieran demostrar su arraigo social para conseguir la regularización de sus papeles deberán demostrar su conocimiento del catalán. Así lo determina el Pacto Nacional para la Inmigración que firma hoy el tripartito, con la oposición frontal del PP porque el texto invade competencias estatales. CiU negociaba al cierre de esta edición incluirse en el Pacto, que si bien quiere tener consenso también nacerá sin el apoyo de Ciutadans y CC OO.
«El pacto representa la primera apuesta para integrar a los recién llegados y el catalán será la lengua vehicular de acogida», explicó ayer la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila. Según el documento, «en primer lugar se tendrá que garantizar el conocimiento de este idioma y posteriormente, si el inmigrante lo solicita, se facilitará el aprendizaje del castellano». Según el secretario de Inmigración de la Generalitat, «si un inmigrante empieza a aprender catalán, después siempre aprende castellano, mientras que si es al revés, no».
La presidenta del PP en Cataluña, Alícia Sánchez Camacho, aseguró que «los inmigrantes deben conocer el catalán y el castellano en condiciones de igualdad», y no bajo una imposición. Además, el pacto promueve también cambios legislativos para facilitar el acceso a la autorización de trabajo de los reagrupados y propone rebajar el periodo general de 10 a 5 años de residencia regular para el acceso a la nacionalidad, así como conceder el derecho a voto municipal a partir de los cinco años de residencia. El PP consideró que el pacto «se debería centrar en las competencias de la Generalitat y no entrar en competencias del Estado». De hecho, CiU sólo apoyará si se colocan en un anexo estas seis medidas que hace referencia a competencias del Estado.
El pacto está estructurado en tres ejes: la gestión de los flujos migratorios y el acceso al mercado laboral; la adaptación de los servicios públicos como la enseñanza y la sanidad; y la integración de una cultura pública común. Para ello, la Generalitat invertirá 3.880 millones de euros hasta 2012.