ELConsejo de Ministros de hoy dará luz verde a la primera reforma de la Ley de Extranjería en los últimos cinco años. El nuevo texto, en el que han trabajado en los últimos cuatro meses los departamentos de Interior y Trabajo, tendrá su eje principal en el endurecimiento de las condiciones para que los inmigrantes que están ya en España de manera legal puedan traer a sus familiares. .
ELConsejo de Ministros de hoy dará luz verde a la primera reforma de la Ley de Extranjería en los últimos cinco años. El nuevo texto, en el que han trabajado en los últimos cuatro meses los departamentos de Interior y Trabajo, tendrá su eje principal en el endurecimiento de las condiciones para que los inmigrantes que están ya en España de manera legal puedan traer a sus familiares.

El proyecto, que el Ejecutivo confía, dado su carácter restrictivo, que tenga el apoyo del PP, amplia los derechos de los “sin papeles”, aumenta la protección para las extranjeras maltratadas y los estudiantes foráneos, pero también refuerza los mecanismos de expulsión y aumenta el tiempo de internamiento de los irregulares pendientes de expulsión.

La tercera reforma de la vigente Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social no será demasiado extensa y se limitará, en la mayoría de los casos, a «aspectos técnicos», según fuentes del Ejecutivo. No obstante, en el Gobierno reconocen que el trasfondo del nuevo texto es frenar la llegada de nuevos inmigrantes ante la magnitud de la crisis económica y el continuo crecimiento del desempleo, que durante 2009 puede alcanzar niveles por encima del 15% de la población activa.

Frenar la inmigración

El pilar para evitar que el número de inmigrantes siga en continuo ascenso será poner coto a las reagrupaciones familiares. El Ejecutivo propone en el proyecto que aprobará hoy que los extracomunitarios con permiso de residencia sólo puedan traer a España a hijos y cónyuges, es decir, el «núcleo familiar estricto». La reforma no cerrará la puerta a la llegada de ascendientes y otros parientes colaterales, pero pondrá límites.

Sólo podrán ser agrupados después de que el inmigrante legal haya pasado un tiempo prolongado de estancia legal – probablemente cinco años – y que, por tanto, haya obtenido la «residencia permanente». Además, para traer a esos familiares será condición sine qua non que el reagrupante demuestre que cuenta con medios económicos para mantener a los recién llegados.

Según los técnicos que han trabajado en la reforma, las modificaciones van dirigidas a plasmar en el articulado que la reagrupación de familiares de segundo grado es un «derecho reglado» y no un «derecho universal». El Gobierno justifica estos cambios por el importante gasto social que generan estas personas no cotizantes. El proyecto busca aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social con la autorización a los hijos reagrupados para que puedan trabajar a partir de los 16 años, igualando así el inicio de la edad laboral con el resto de los españoles.

El proyecto también pretende aumentar la capacidad para expulsar a los “sin papeles” que se encuentran en España. El Gobierno quiere ampliar el plazo de internamiento de los irregulares en centros a la espera de su deportación.

En la vigente ley este período se fijaba en 40 días. Hasta última hora de la tarde ayer, los técnicos de los diferentes departamentos todavía debatían en La Moncloa hasta dónde aumentar el plazo: si a 60 días, como había defendido el Ministerio del Interior, o todavía más, de acuerdo a la directiva de la Unión Europea.

Directiva europea

El Gobierno justifica la ampliación de este plazo por la necesidad de trasponer la polémica directiva europea de “retorno de nacionales de terceros países”, conocida por las organizaciones humanitarias como la «directiva de la vergüenza», y que fue apoyada por los socialistas españoles en Bruselas por orden del Ejecutivo de Madrid.

No obstante, el anteproyecto que se aprobará hoy rechaza aumentar hasta 18 meses el plazo máximo de internamiento acordado por la UE. El texto incorporará mecanismos para evitar fraudes a los plazos de retención a la espera de la repatriación.