El Gobierno está a punto de aprobar un decreto que otorga a tres comunidades autónomas la concesión de permisos de trabajo a los inmigrantes. Se trata de Cataluña, Valencia y Andalucía, que tienen esa competencia recogida en sus Estatutos. Estos permisos – que hasta ahora eran responsabilidad del Gobierno – no podrán exceder de un año. La medida es un error por muchas razones. En primer lugar, porque ahora que la Unión Europea está trabajando en una política común para todos los países en materia de inmigración, el Ejecutivo español va en dirección contraria: fragmenta esas competencias a nivel territorial. En segundo lugar, porque introduce una situación de asimetría entre unas comunidades y otras. En tercer lugar, porque cabe la posibilidad de que los criterios para conceder los permisos de trabajo sean distintos e incluso contradictorios con los del Gobierno. En cuarto lugar, porque este decreto rompe la unidad del mercado, dado que las autorizaciones para trabajar sólo valdrían en la comunidad expendedora y no en la totalidad del Estado. Y en quinto lugar, porque se establece un sistema dual, ya que los permisos de residencia seguirán siendo competencia de Interior, lo que supone que los inmigrantes necesitarán una doble autorización y más burocracia. En suma, un decreto disparatado que el Gobierno debería meter en un cajón para siempre.