La embajadora de EE.UU. en Ecuador, Heather Hodges, aún no responde a la acción administrativa Tort, presentada el pasado 28 de octubre por Rosa Cuzco, una de las sobrevivientes del naufragio del 13 de agosto del 2005, dijo su abogada, Maribel Trujillo. Mediante este recurso se demanda a ese estado por alguna acción u omisión cometidas por sus funcionarios en otro país.

El barco accidentado transportaba a 103 ecuatorianos hasta Guatemala, que pretendían llegar a EE.UU., pero en su recorrido naufragó y murieron 94 viajeros. Cuzco, quien tenía 15 años de edad, sobrevivió junto con otras ocho personas.

En julio de este año, sobrevivientes y familiares de algunos ahogados en la tragedia realizaron una manifestación para exigir a la Embajada de EE.UU. el cumplimiento de la oferta de entregarles una visa para ellos y sus parientes, a cambio de información sobre los coyotes.

Cuzco presentó la demanda “porque fue interrogada, fotografiada y registrada en video por varias ocasiones, incluso en Quito, en la Embajada, todo a cambio de una visa que nunca llegó, lo cual infringe las leyes ecuatorianas”, insistió Trujillo.

Wilma Castro, oriunda de Delegsol (cantón Chordeleg), quien llegó a EE.UU. hace quince días, tras un periplo similar al del naufragio en el que murió su hermano y ella sobrevivió con quemaduras en el rostro y cuerpo, antes de irse aseguró que dos semanas después de la tragedia la visitaron tres personas de la Embajada, quienes le ofrecieron visa a EE.UU. para ella, su hija, sus dos hermanas menores y su madre.

Ese día en casa de Castro estuvo María Angelita Guncay, esposa de José Gilberto Llivicura, quien murió en el naufragio. La viuda dijo que pidió a los funcionarios ayuda para sus cuatro hijos menores y que estos le ofrecieron una visa.

La historia se repitió con los nueve sobrevivientes que el 16 de noviembre de ese año fueron invitados a la Embajada de EE.UU. en Quito, donde se reiteró la oferta que solo se cumplió para Julio Sisalima, quien viajó a EE.UU. en diciembre del 2006 y volvió en junio del 2007 porque a su esposa la amenazaban los coyotes en Cuenca. Pat Vintimilla, asesor legal del grupo, contó que pese a la insistencia de este no han tenido apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.