DENTRO del llamado Pacte Nacional per a la Immigració, que están ultimando los partidos catalanes y al que el Govern de la Generalitat quiere dar luz verde en una o dos semanas, se incluye la propuesta de conceder el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros que lleven viviendo cinco años en Catalunya. Esta declaración de principios suscita un comprensible debate social, pues todo lo relacionado con las políticas de inmigración está entre lo que más preocupa a los ciudadanos, según todos los sondeos.

En primer lugar, debe hacerse énfasis en la necesidad de que esta discusión busque acuerdos lo más amplios posibles y se realice de manera tranquila y racional, evitando que los rumores y los datos erróneos ocupen el lugar de los argumentos basados en premisas ciertas. Se trata de una cuestión demasiado sensible para dejarla a merced del ruido. En este sentido, y para evitar polémicas estériles, es obligado recordar que, a todos los efectos y según la Constitución, el derecho de voto para extranjeros se circunscribe a los comicios locales y está sujeto al establecimiento de convenios bilaterales de reciprocidad de España con otros países democráticos. La participación en las otras elecciones, legislativas y autonómicas, es un derecho político que deriva de la adquisición de la nacionalidad española, como ocurre en el resto de los estados de la Unión Europea. Sobre la adquisición de la nacionalidad, el pacto incluye la propuesta de facilitarla a todos los inmigrantes a partir del quinto año de residencia continuada, extremo sobre el que no existe un criterio claro y único en lo referente a los plazos y a los métodos de acreditación del arraigo, que varían en función de cada país.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las políticas de impulso a la extensión de los derechos políticos de las personas extranjeras residentes – las cuales ya gozan justamente de derechos sociales básicos y universales como el acceso a la educación y a la salud públicas-debe considerar la oportunidad, la velocidad y la adecuación de estas transformaciones sobre el territorio, con el objetivo de evitar conflictos y preservar la cohesión social y la convivencia. El sufragio de los inmigrantes para escoger a los ediles de cada localidad debe estimarse de modo positivo si plasma y culmina un proceso de integración que debe haberse dado paulatinamente, mediante muchas herramientas, mayormente de integración social y arraigo cívico y cultural. Ello debe conjurar algunos riesgos, como la eventual creación de partidos de carácter étnico que desvirtúen el sentido de los comicios y alteren los principios de la administración local, un fenómeno que ya se ha dado en lugares de Baleares y de la Comunidad Valenciana.