La Generalitat de Cataluña proyecta un modelo inmigratorio de raíz asimilacionista en la lengua catalana, según apunta el documento de bases del Pacto Nacional por la Inmigración. En el informe, paso previo para una futura ley autonómica, se aboga por integrar a la población extranjera residente en Cataluña en una «cultura pública común», la cual supone, según las tesis del informe, la inmersión de estas personas en el aprendizaje del catalán, dejando de lado a la lengua castellana.

El interés del Gobierno catalán por sustituir el uso generalizado entre los inmigrantes de la lengua castellana – realidad que pone de manifiesto el documento como uno de los principales problemas existentes entre los extranjeros residentes en la región – por el catalán supone uno de los objetivos primordiales de un pacto que pretende integrarlos dentro de la «cultura común» de la «nación catalana».

El borrador catalán, elaborado por un Gobierno participado por el PSC, contrasta con la ley de Inmigración recientemente aprobada en las Cortes Valencianas. La norma, en contraste con el documento catalán, ofrece herramientas voluntarias para la integración de los extranjeros en la Comunidad. En el caso del idioma, la ley expone que se pondrán a disposición de este colectivo cursos para el aprendizaje de las dos lenguas oficiales de la región, el valenciano y el castellano.

El aperturismo de la norma valenciana, que choca con el afán asimilacionista del proyecto catalán, no fue óbice para la oposición del PSPV a su aprobación. Una posición, la de los socialistas valencianos, que no concuerda ni con la expresada en las últimas fechas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ni, por supuesto, con la del PSC.

Pese a que el Pacto Nacional catalán reconoce que existen dos lenguas oficiales en Cataluña, defiende únicamente la enseñanza de la «lengua propia» para que el «proyecto de nación continúe siendo el referente con el cual se compromete toda la población que vive y trabaja en Cataluña».

«Normalización»

La idea del Gobierno catalán de «hacer país» o reforzar «el proyecto de nación» – que hace, como si fuera una obligación, extensible la totalidad de la sociedad de Cataluña – se traslada de esta manera, sin ambages, al colectivo extranjero de la región. El documento reclama así la «normalización» de los inmigrantes para evitar «estructuras paralelas». La asistencia lingüística, se explica, será siempre en catalán. El castellano – que se cita como «la otra lengua oficial» – se impartirá sólo a los inmigrantes «que lo soliciten» y que «ya tengan adquiridas competencias en catalán».

Dentro de esta búsqueda de la «cultura común», en el informe se defienden, y se pide que se refuercen, las polémicas «aulas de acogida», donde se agrupa a los menores inmigrantes recién llegados a Cataluña – segregados del resto de alumnos – para «facilitar su incorporación» a las clases normales. Unas aulas criticadas por diversas asociaciones, las cuales han llegado a tildarlas de «correccionales lingüísticos».