JORDI BARBETA – Barcelona

LA NEGOCIACIÓN La cúpula de CiU señala diferencias en temas trascendentales y paraliza el acuerdo

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN La acreditación del arraigo en Catalunya, en el centro del debate político
La propuesta de Pacte Nacional per la Immigració que están ultimando los partidos catalanes incorpora una memoria económica que valora el impacto en el gasto social que tendrá que soportar la Administración catalana en los próximos años y que pone en evidencia las urgencias financieras de la Generalitat y de los ayuntamientos. Las medidas previstas para garantizar la buena acogida a los recién llegados y las políticas de cohesión social tendrán un coste de 1.957 millones de euros entre el 2009 y el 2012.

Este dato incide de lleno en el debate sobre la financiación autonómica y local por cuanto hay que tener en cuenta que ese gasto social que genera la inmigración viene compensado por la riqueza que crean los trabajadores extranjeros con su esfuerzo. Ahora bien, mientras la Hacienda del Estado ve incrementados sus ingresos vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, son las comunidades autónomas y los municipios las administraciones que tienen que hacer frente al incremento del gasto en los servicios sociales esenciales como la salud y la educación.

El Pacte per la Immigració estaba ayer prácticamente cerrado. El Consell Tècnic de la Generalitat dio vía libre al documento para que en una o dos semanas el Consell Executiu lo apruebe o simplemente dé el enterado, ya que no se trata de un proyecto de ley y por lo tanto no es necesario aprobarlo en un sentido estricto.

Mientras, en el Parlament hubo reunión para negociar algunos flecos. Tanto el republicano Oriol Amorós, secretario de Immigració y artífice del pacto, como los negociadores de CiU Josep Lluís Cleries y Àngel Colom habían constatado hasta entonces una “sintonía casi total”. Sin embargo, por la tarde, las expectativas de acuerdo se enfriaron. Se convocó a la cúpula de CiU y un portavoz de la federación aseguró que “persisten importantes diferencias en asuntos trascendentales” y se señala a “elementos extremistas” introducidos por ICV en el documento. El caso es que en CiU se repitió el vivo debate que protagonizó la ejecutiva de CDC el lunes, cuando surgieron posiciones encontradas sobre la conveniencia de firmar el documento. “El pacto no se puede dar por cerrado de ninguna de las maneras, lo que no significa que no exista voluntad de acuerdo por parte de CiU, porque vamos a continuar negociando el tiempo que sea preciso”, señaló David Madí, secretario de estrategia y comunicación de CDC.

Por parte del Govern están convencidos de que habrá acuerdo. Sobre todo porque saben que el ex president Jordi Pujol y el líder de CiU, Artur Mas, se han pronunciado a favor de una posición nacional consensuada que permita desarrollar políticas efectivas de integración “que eviten tanto el populismo xenófobo como la demagogia buenista”.

La clave está en la acreditación del arraigo (arrelament).Cómo se demuestra que un extranjero está dispuesto a integrarse en la sociedad que le acoge. En diversos países se hacen exámenes a los inmigrantes, pero en Catalunya la cosa se complica porque para los nacionalistas la integración verdadera ha de ser en la lengua y la cultura propias del país. Lo que en cualquier país resulta normal, aquí no. Es muy complicado exigir a un senegalés lo que no se le reclama a un burgalés, por poner dos ejemplos.

Y la opinión pública demuestra una sensibilidad específica hacia el tema de la inmigración. Todos los sondeos publicados en los últimos meses sitúan la inmigración entre las tres primeras preocupaciones de los catalanes, muy cerca del desempleo o la vivienda. La publicación ayer en La Vanguardia de la última propuesta gubernamental de pacto compilada, que lleva fecha de 14 de noviembre y que se está utilizando como ponencia para incorporar las últimas apreciaciones, provocó vivos debates en la radio y la televisión. En el programa El món a RAC 1,que dirige el periodista Jordi Basté, se batió el récord de participación de los oyentes a través del teléfono, mensajes SMS e internet. A la pregunta de si los oyentes eran favorables a extender el derecho de voto en los comicios locales a los extranjeros con cinco años de residencia, el sondeo registró un resultado significativo: 22% a favor y 78% en contra. Algo parecido ocurrió en Els matins de Josep Cuní. Mientras la mayoría de los contertulios del programa mostraba su comprensión al derecho de voto de los inmigrantes, los telespectadores se pronunciaron rotundamente en contra: El 89% dijo no al voto de los inmigrantes frente a un 11% que dijo sí.

Queda claro que, pese a la declaración de principios que se hace en el Pacte Nacional per la Immigració, el derecho de voto de los extranjeros, previsto en la Constitución, sólo puede aplicarse a aquellos ciudadanos originarios de países que hayan establecido un convenio de reciprocidad con España. En tal caso, eso ya limita las posibilidades a los países democráticos.

El propio Oriol Amorós dijo ayer en RAC1 que efectivamente resulta menos complicado facilitar la obtención de la nacionalidad española con cinco años de residencia, siguiendo recomendaciones de instituciones europeas: “La referencia a los cinco años – dijo Amorós-exigirá una modificación legal estatal que ya se ha utilizado en otros países de nuestro entorno como Francia y el Reino Unido y simplemente se trata de reformar el Código Civil”.