Cuando Isabel II acuda hoy al Parlamento para el llamado «Discurso de la Reina», dando lectura al programa del Gobierno para este curso político, varios diputados conservadores podrían protagonizar un boicot. Tanto los diputados «tories» como la mayoría de miembros de los demás grupos califican de grave atentado contra el parlamentarismo británico, cuna de los procedimientos democráticos occidentales, la detención del diputado conservador Damian Green por recibir filtraciones de documentos oficiales por parte de un funcionario.

Scotland Yard detuvo la semana pasada a Green, miembro de la dirección del Partido Conservador como portavoz de inmigración. Tras registrar tanto su domicilio familiar como su oficina en el Parlamento y someterle a un interrogatorio de nueve horas, fue puesto en libertad bajo fianza y sin cargos. El caso ha encolerizado no sólo a los conservadores, sino a destacadas figuras políticas de otros partidos, como el ex ministro laborista del Interior David Blunkett.

Además de que los documentos filtrados por el funcionario Christopher Gallery, de 26 años y también detenido, difundidos luego a la prensa por Green, no ponían en peligro la seguridad nacional, la airada reacción de la oposición se centra en el derecho de ésta a intentar obtener información de interés general que el Gobierno desea ocultar, punto clave en el sistema parlamentario.

Dado lo enredado del caso, una investigación sobre la propia investigación se ha encargado a una destacada figura policial, el comisario jefe Ian Johnston, que en dos semanas debe presentar sus conclusiones.

Amplias diferencias

La información confidencial difundida por Green entre noviembre de 2007 y septiembre de este año incluía una carta de la titular de Interior, Jacqui Smith, dirigida al primer ministro, Gordon Brown, en la que le advertía del impacto que tendría la crisis económica en el aumento de delitos. También se filtró que Smith había ocultado que la Administración había fallado en impedir que hasta cinco mil inmigrantes ilegales trabajaran como guardias de seguridad. La investigación habla de unos veinte documentos filtrados, mientras que el Partido Conservador limita la cantidad a media docena.

La Policía, que para mayor complicación del caso actuó a través de su unidad antiterrorista, investiga si Green ofreció a su «topo» remuneración o trabajo. Al parecer, Gallery pidió un puesto laboral en el Partido Conservador, pero no se le concedió. Green niega cualquier acusación de cohecho.

Otros elementos de la polémica son si el Gobierno ordenó o supo con antelación la detención del diputado y el permiso de la máxima autoridad de la Cámara de los Comunes (el «speaker»), el laborista Michael Martin, para que la Policía entrara en el Parlamento y registrara la oficina de Green, algo que la independencia del legislativo y la inmunidad parlamentaria previenen.

La oposición también ha criticado que varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Jack Straw, tuviera previsto celebrar ayer una reunión secreta con Martin, en lo que se ha visto como una intromisión del Ejecutivo para intentar manejar al «speaker» de los Comunes.

Algunos analistas han sugerido que la operación policial, si no propiciada por el Gobierno le viene muy bien a éste como un aviso a otros posibles «topos», no ya en Interior sino en el Tesoro. Recientes informaciones procedentes probablemente de filtraciones ponen en evidencia a Brown en sus medidas estrella para salvar la crisis.