Virginia, uno de los estados con las medidas contra inmigrantes indocumentados más duras de Estados Unidos está por revertir gran parte de esas normas y adoptar en su lugar programas que ayuden a la integración de los inmigrantes.

Tanto los grupos a favor de la inmigración como los detractores señalan que el interés en la cuestión migratoria ha disminuido considerablemente con la crisis económica que vive EUA.

Así, la Comisión de Inmigración de Virginia, que conforman congresistas estatales, senadores, autoridades locales y representantes de comunidades de inmigrantes propondrá una serie de medidas al gobernador Tim Kaine, quien podría aprobarlas por decreto ejecutivo o remitirlas al congreso estatal.

Entre las medidas están aumentar la disponibilidad de clases de inglés en el sistema de educación pública. Además las medidas incluyen, para ciertos inmigrantes que califiquen, relajar los requerimientos de residencia para servicios gratuitos de salud (el programa MedicAid) y ofrecer colegiaturas a precio de residente.

La comisión también recomienda crear una oficina de asistencia migratoria estatal.

El año pasado la misma comisión recomendó medidas que nunca fueron aprobadas, como obligar a los inmigrantes a presentar identificaciones especiales, permitir a los hospitales tomar huellas digitales de los pacientes que no pagaron sus servicios y requerir prueba de estatus legal para recibir beneficios públicos.

Incluso uno de los mayores patrocinadores de las medidas más punitivas en Virginia, el congresista republicano Todd Gilbert reconoció al diario The Washington Post que la posición de la Comisión se ha diluido considerablemente.

“Tal vez la cuestión migratoria después de todo no era un asunto tan divisivo como muchos pensaron que sería”, admitió Gilbert.

El analista de encuestas del Post, John Cohen señaló que las encuestas de salida de urnas tras las elecciones del 4 de noviembre pasado demostraron que a la gran mayoría de la población de Virginia no le interesa adoptar medidas más restrictivas contra los inmigrantes.

Apenas el 1% de los encuestados mencionó la inmigración indocumentada como uno de los mayores problemas de su comunidad.

Sin embargo, la Comisión no planteó abandonará algunas de las medidas adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, como exigir prueba de residencia legal a los extranjeros para obtener licencias de conducir.

Pero la representante de varios organismos pro inmigrantes en la Comisión, Claire Gastenaga, señaló que el organismo consideró que las medidas ya vigentes eran suficientes para garantizar la seguridad de los residentes de ese estado. “Ahora lo que necesitamos es un ambiente más acogedor para los inmigrantes que no representan ningún peligro”, dijo.

Gastenaga añadió que “muchos de las voces más restrictivas contra la inmigración solo querían rédito político por sus posiciones, sabían de antemano que eran medidas que no se podían aplicar porque le corresponden al gobierno federal”.

Según el Centro Hispano Pew, cerca de 340 mil inmigrantes indocumentados viven en Virginia. En tanto, la Oficina del Censo de EUA estima que allí viven alrededor de 400 mil residentes legales.