El sueño americano de muchos migrantes centroamericanos se ha convertido en una pesadilla, entre ellos guatemaltecos que, en busca de mejores oportunidades, se lanzan a cruzar por tierra la frontera de México rumbo a Estados Unidos.

Al acoso de la policía migratoria se ha sumado el accionar de grupos organizados que se secuestran a los indocumentados y piden rescate por ellos.

Según reportes de la Procuraduría General de la República de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el tren procedente de Chiapas, el cual atraviesa Tlaxcala de oriente a poniente, maras y células de organizaciones del crimen organizado se han aliado “para consumar delitos como secuestro, lenocinio, trata y tráfico de personas en el sur del país”. Las principales víctimas son mujeres y niños.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana en el sureste de México, se sumó a la denuncia, y asegura: “Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo, han invadido la ruta de los migrantes, donde secuestran a indocumentados, a cuyos familiares exigen el pago de rescate.

Los secuestros en el sur no son nuevos; sin embargo, el patrón ha cambiado, denuncia Paulo Martínez, portavoz de Sin Fronteras. Explica que las mujeres que han sido plagiadas y luego rescatadas en el sur reportan que fueron objetos de torturas y violación sexual.

El primer incidente se registró el 5 de noviembre: 12 mujeres fueron plagiadas cuando viajaban junto con otros migrantes en un tren de la compañía Ferrocarriles del Istmo, que se dirigía de Arriaga, Chiapas, a Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Medios de comunicación centroamericanos y mexicanos dan cuenta de que entre las víctimas estaban las guatemaltecas Lucy Estefany, Ana Esther Tum Gavia y Yolanda Palma, quienes continúan desaparecidas.

Migrantes liberados después del pago o que lograron escapar relatan que los secuestradores piden, según sea el caso, entre US$1 mil 500 y US$4 mil 500 dólares.

En una reunión sostenida la semana recién pasada entre migrantes centroamericanos y autoridades eclesiásticas mexicanas, las víctimas relataron que los delincuentes las empiezan a acechar desde Orizaba, Veracruz, y que los hostigamientos continúan a lo largo de las vías férreas, en municipios de Puebla, y por último, en un paraje denominado Lecherías, en Ciudad de México.

Un migrante centroamericano contó que durante su trayecto hacia la frontera, en el Estado de México, observó cómo fueron secuestrados un joven de 19 años, y una mujer de aproximadamente 35, y que los delincuentes los mataron porque no obtuvieron el rescate.

Dijeron que, para exigir el dinero, los criminales contactan a la familia por la vía telefónica. Presumen la complicidad de autoridades policiales en los municipios donde operan los secuestradores y asesinos.

El cónsul de Guatemala en México, Jorge Figueroa Salguero, explicó en La Jornada de Oriente los trabajos en común que tienen que coordinar ambos países para enfrontar la grave inseguridad que se vive en la Frontera Sur, la cual se agudizó desde la última administración, afirmó.