ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Cada vez son más los inmigrantes, sobre todo trabajadores de origen paquistaní e indio, que desean marcharse a otros países europeos porque están convencidos de que fuera de España la crisis económica está siendo menos despiadada. Sin embargo, aunque quieren no pueden hacerlo. Una traba legal les impide marcharse a otras zonas de la Unión Europea. Los papeles españoles carecen de homologación.
“Aquí la situación económica se ha puesto muy difícil y son muchos los que, aunque llevan años y años, desean marcharse a otros países”, cuenta Yaved Ilyas, presidente de la Associació de Treballadors Paquistanesos de Catalunya, cuya sede, en el corazón del barro barcelonés del Raval, es un auténtico barómetro del estado de ánimo del colectivo.

PETICIONES DE INFORMACIÓN
La asociación de paquistanís, que está llevando a cabo varias iniciativas para facilitar la inserción laboral de sus nacionales desempleados, recibe cada día una mayor demanda de información de inmigrantes que desean saber si pueden marcharse.
“La mayoría son personas que se ha quedado en paro y como tienen familiares en otros países europeos quieren intentar probar suerte allí”, explica el líder asociativo paquistaní, que relata la lista de los países preferidos: Gran Bretaña, Francia, Dinamarca y Holanda.
“A la asociación está viniendo un montón de inmigrantes que tienen el permiso permanente de residencia y trabajo en España y que nos pregunta si ese documento es válido en otros países de la UE”, cuenta Ilyas, que lleva semanas advirtiendo de que no todos los estados admiten esos papeles.

CONFUSIÓN ENTRE PERMISOS
La base del problema radica, precisamente, en ese punto. Se trata de la confusión entre el permiso de residencia permanente que se expide en España y el permiso de residencia de larga duración, una tarjeta acuñada por la UE que sí permite que un extranjero con permiso permanente pueda mantener ese estatus en todo el espacio Schenguen.
El problema es que el Gobierno español decidió no suscribir el convenio, un hecho que ha provocado dos condenas de parte de la justicia europea. La situación es que, en España, ni existe esa tarjeta de residencia de larga duración ni se le da validez alguna a los inmigrantes que sí la tienen por proceder de países de la UE donde está en vigor. Así, esos extranjeros, pese a tener la residencia permanente en países como Francia o Alemania, ven cómo el documento se convierte un papel mojado que únicamente les sirve para que les concedan un permiso B-Inicial, que solo dura un año.
Sin embargo, en el no siempre bien informado colectivo inmigrante se ha extendido el rumor de que una persona con un permiso español de residencia permanente puede instalarse en cualquier país de la UE. Según creen muchos extranjeros, basta con solicitar un certificado de residencia permanente, pues ese documento les permitiría obtener papeles en cualquiera de los estados de la zona comunitaria.
Pero eso es completamente falso. Hay países que sí lo aceptan, pero hay otros que no. “La gente está desinformada. Algunos se están yendo y, una vez en el país, descubren que el permiso español no le da derecho a nada”, cuenta el presidente de la ATPC, que pide a la subdelegación del Gobierno que envíe algún responsable a pronunciar una charla informativa sobre los trámites burocráticos dirigida a los inmigrantes paquistanís.
La razón es que los Gobiernos de países como Alemania, Francia y Holanda aplican el criterio de reciprocidad con España. Es decir, si España no reconoce esa tarjeta comunitaria, esos gobiernos tampoco reconocen el documento español. El resultado es que, por precaria que sea su situación, ningún extranjero que tiene en España una residencia permanente se va a ir a un país donde lo más que va a conseguir es un permiso de un año.
Pese a esas trabas, el rumor se ha extendido tanto que el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE) del sindicato CCOO y la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE) han tenido que hacer público un comunicado avisando de que el permiso permanente español no tiene validez en otros países de la UE.
Ambas instituciones han aconsejado a los inmigrantes que, antes de desplazarse, se pongan en contacto con los consulados de los estados donde pretenden emigrar para informarse de qué trámites exactamente deben efectuar para poder vivir y trabajar de forma legal.

EL EFECTO ES EL INVERSO
Aunque la explicación oficial a la decisión española de no suscribir el convenio es un problema de fiscalidad, los expertos en inmigración sostienen que fue una medida adoptada en realidad para impedir que inmigrantes residentes en otros países de la UE se trasladaran a España de forma masiva. Ahora, sin embargo, el efecto es el inverso.
Además, en el actual marasmo de confusión existente entre los extranjeros ha irrumpido la aprobación por parte de los gobiernos europeos de la carta azul, el documento con que la UE quiere fomentar la inmigración de personal altamente cualificado. “Muchos inmigrantes creen que la carta azul y el permiso de residencia permanente son lo mismo y no es así”, señala la asesora jurídica del CITE.