POR I. BLASCO/V. VILLAPLANA

FOTOS: EDUARDO MANZANA

VALENCIA. La gestión de la inmigración ha protagonizado la acción del Consell en las dos últimas semanas, mientras la crisis se extiende y alcanza a grandes capas de la población, en especial la de origen extranjero.

- En sólo unos días se ha firmado el Pacto Valenciano por la Inmigración y se ha aprobado la ley de Integración de las personas inmigrantes . A quienes consideren su conselleria un departamento menor, ¿qué les diría?

- Lo mismo que hace un año y medio. Las políticas de inmigración empiezan a ser claves en la agenda política de cualquier gobierno.

- Estas políticas siempre las ha abanderado la izquierda…

- Éste es un fenómeno tan novedoso que sería erróneo continuar pensando que su gestión corresponde a una ideología concreta. La iniciativa de Francisco Camps se adelantó a los tiempos y ahora empieza a ser seguida por otras autonomías. Los que se apuntaron al no han vuelto a fracasar.

- ¿Se refiere al PSOE?

- Me refiero a quienes se niegan a ver la realidad. Con más de 800.000 personas inmigrantes llegadas a nuestra Comunidad en menos de una década y una crisis económica alarmante, no te puedes poner una venda en los ojos.

- Sarkozy y Zapatero se han puesto de acuerdo en esta ocasión. ¿Hay menos diferencias entre derecha e izquierda que hace unos años?

- Más que ponerse de acuerdo, han sido la Unión Europea y los países de democracias avanzadas de Europa quienes han obligado a Zapatero a salir de su fracasada política sobre inmigración. Derecha e izquierda tienen que gestionar esta diversidad sobre bases democráticas sólidas, no sobre prejuicios ideológicos.

- ¿Y las comunidades autónomas hasta qué punto están comprometidas en las políticas de inmigración?

- Aquí se da la paradoja de que las competencias en extranjería son exclusivas del Gobierno y, sin embargo, son los gobiernos autónomos los que atienden la educación, la sanidad, las políticas sociales y la acogida. Hay quien abre la puerta y otros que tienen que acomodar las personas dentro de su casa.

- Usted fue el primer consejero que recibió el ministro Corbacho, quien le pidió colaboración. ¿Está desbordado el Gobierno?

- Es responsabilidad de todos trabajar conjuntamente. La Comunidad recibe a diario irregulares que el Gobierno traslada desde Ceuta, Melilla y Canarias. En lo que llevamos de año sobrepasan los 800 y todos han sido atendidos como corresponde. Eso sí, Zapatero debería cofinanciarlo, y no lo hace.

- La ley de Integración que acaban de aprobar las Cortes, ¿puede acabar con esas situaciones?

- El objetivo de la ley es la acogida y la integración. Nosotros no podemos abrir o cerrar las fronteras. Lo que sí podemos es ofrecer las herramientas necesarias para evitar la discriminación en los derechos y deberes, para hacer posible la cohesión social.

- ¿Compromiso o contrato de integración?

- En esencia es lo mismo. Es un programa voluntario que garantiza que los inmigrantes conozcan los valores y reglas de convivencia democrática, y los idiomas oficiales. ¿Quién puede oponerse a algo así?

- El PSPV sin ir más lejos.

- Es algo inexplicable. Votar en contra de una ley debatida y consensuada con más de cien asociaciones de inmigrantes , precedida del Pacto Valenciano de la Inmigración firmado con los agentes sociales con el Consell, sólo se le puede ocurrir al PSPV y a la «melée» en la que se encuentra. Una ley que sus compañeros del PSC han calcado en Cataluña y que asume los firmado por Zapatero en Europa, no parece muy lógico que el PSPV la rechace.

- Tampoco parece lógica la ausencia socialista en el pacto con Cierval, UGT y CC.OO.

- Ambos sindicatos han mostrado con esta firma una responsabilidad que muchos quisiéramos ver en el socialismo valenciano. Las políticas de concertación social tienen en los sindicatos, en la patronal y en el Consell una base sólida.

- En tiempos de crisis, ¿no hay riesgo de que una política muy proclive hacia los inmigrantes genere malestar entres españoles que pasan estrecheces?

- Esa es una realidad contra la que todos tenemos que actuar. En la medida en que los inmigrantes tengan derechos y les exijamos deberes como a cualquier español, estaremos en la senda correcta. Nuestra obligación es mantener un clima de cohesión social y seguridad que transmita confianza.

EDUARDO MANZANA

Blasco, en su despacho de la Conselleria de Inmigración, tras la entrevista con ABC