POR I. BLASCO/V. VILLAPLANA

FOTOS: EDUARDO MANZANA

VALENCIA. La gestión de la inmigración ha protagonizado la acción del Consell en las dos últimas semanas, mientras la crisis se extiende y alcanza a grandes capas de la población, en especial la de origen extranjero.

- En sólo unos días se ha firmado el Pacto Valenciano por la Inmigración y se ha aprobado la ley de Integración de las personas inmigrantes. A quienes consideren su conselleria un departamento menor, ¿qué les diría?

- Lo mismo que hace un año y medio. Las políticas de inmigración empiezan a ser claves en la agenda política de cualquier gobierno.

- Estas políticas siempre las ha abanderado la izquierda…

- Éste es un fenómeno tan novedoso que sería erróneo continuar pensando que su gestión corresponde a una ideología concreta. La iniciativa de Francisco Camps se adelantó a los tiempos y ahora empieza a ser seguida por otras autonomías. Los que se apuntaron al no han vuelto a fracasar.

- ¿Se refiere al PSOE?

- Me refiero a quienes se niegan a ver la realidad. Con más de 800.000 personas inmigrantes llegadas a nuestra Comunidad en menos de una década y una crisis económica alarmante, no te puedes poner una venda en los ojos.

- Sarkozy y Zapatero se han puesto de acuerdo en esta ocasión. ¿Hay menos diferencias entre derecha e izquierda que hace unos años?

- Más que ponerse de acuerdo, han sido la Unión Europea y los países de democracias avanzadas de Europa quienes han obligado a Zapatero a salir de su fracasada política sobre inmigración. Derecha e izquierda tienen que gestionar esta diversidad sobre bases democráticas sólidas, no sobre prejuicios ideológicos.

- ¿Y las comunidades autónomas hasta qué punto están comprometidas en las políticas de inmigración?

- Aquí se da la paradoja de que las competencias en extranjería son exclusivas del Gobierno y, sin embargo, son los gobiernos autónomos los que atienden la educación , la sanidad, las políticas sociales y la acogida. Hay quien abre la puerta y otros que tienen que acomodar las personas dentro de su casa.

- Usted fue el primer consejero que recibió el ministro Corbacho, quien le pidió colaboración. ¿Está desbordado el Gobierno?

- Es responsabilidad de todos trabajar conjuntamente. La Comunidad recibe a diario irregulares que el Gobierno traslada desde Ceuta, Melilla y Canarias. En lo que llevamos de año sobrepasan los 800 y todos han sido atendidos como corresponde. Eso sí, Zapatero debería cofinanciarlo, y no lo hace.

- La ley de Integración que acaban de aprobar las Cortes, ¿puede acabar con esas situaciones?

- El objetivo de la ley es la acogida y la integración. Nosotros no podemos abrir o cerrar las fronteras. Lo que sí podemos es ofrecer las herramientas necesarias para evitar la discriminación en los derechos y deberes, para hacer posible la cohesión social.

- ¿Compromiso o contrato de integración?

- En esencia es lo mismo. Es un programa voluntario que garantiza que los inmigrantes conozcan los valores y reglas de convivencia democrática, y los idiomas oficiales. ¿Quién puede oponerse a algo así?

- El PSPV sin ir más lejos.

- Es algo inexplicable. Votar en contra de una ley debatida y consensuada con más de cien asociaciones de inmigrantes, precedida del Pacto Valenciano de la Inmigración firmado con los agentes sociales con el Consell, sólo se le puede ocurrir al PSPV y a la «melée» en la que se encuentra. Una ley que sus compañeros del PSC han calcado en Cataluña y que asume los firmado por Zapatero en Europa, no parece muy lógico que el PSPV la rechace.

- Tampoco parece lógica la ausencia socialista en el pacto con Cierval, UGT y CC.OO.

- Ambos sindicatos han mostrado con esta firma una responsabilidad que muchos quisiéramos ver en el socialismo valenciano. Las políticas de concertación social tienen en los sindicatos, en la patronal y en el Consell una base sólida.

- En tiempos de crisis, ¿no hay riesgo de que una política muy proclive hacia los inmigrantes genere malestar entres españoles que pasan estrecheces?

- Esa es una realidad contra la que todos tenemos que actuar. En la medida en que los inmigrantes tengan derechos y les exijamos deberes como a cualquier español, estaremos en la senda correcta. Nuestra obligación es mantener un clima de cohesión social y seguridad que transmita confianza.

EDUARDO MANZANA

Blasco, en su despacho de la Conselleria de Inmigración, tras la entrevista con ABC