Green es sospechoso de colaborar en la filtración de informaciones incómodas para el Gobierno Se llama Damian Green y es responsable de inmigración del Partido Conservador británico. El jueves a mediodía, nueve agentes antiterroristas asaltaron su casa de Kent, le metieron en un furgón policial y le llevaron a una comisaría de policía de Londres.

En las nueve horas que siguieron al arresto, los agentes le interrogaron, le confiscaron el ordenador portátil y el móvil y registraron a fondo sus dos viviendas y su despacho parlamentario. Buscaban pruebas de su vinculación con las filtraciones que han sacudido el Ministerio del Interior en los últimos meses y que han puesto contra las cuerdas a su titular, Jacqui Smith.

La detención de Green – que ha quedado en libertad condicional hasta febrero acusado de «mala conducta en el ejercicio de la función pública» – ha provocado un estupor generalizado en el Reino Unido. Y no solamente porque no tiene precedente en la Historia reciente del país, sino porque siembra dudas sobre el uso político de la policía. Los analistas se preguntan si el Gobierno laborista ordenó o no la detención para amedrentar a los tories y a quienes les pasan información bajo cuerda desde los ministerios. Esta semana, sin ir más lejos, los conservadores sacaron a la luz un documento del Tesoro según el cual el Ejecutivo había barajado muy seriamente introducir una subida del IVA de cinco puntos a partir de la primavera de 2010.

Señalados por opositores y periodistas, el premier Gordon Brown y la ministra Smith negaron ayer rotundamente cualquier implicación en lo sucedido. Lo hizo también el funcionario jefe del Ministerio, David Normington, para el que la detención era un paso lógico en la investigación, que se abrió hace unos días con la detención de un joven funcionario presuntamente responsable de las filtraciones. Casi nadie da crédito aquí, sin embargo, a los desmentidos oficiales. Diputados de los tres grandes partidos – incluido el laborista – han exigido una investigación exhaustiva.

El más duro fue, por supuesto, David Cameron, que calificó lo sucedido de «estalinista» y remachó: «¿Qué decir de un país donde la policía antiterrorista pasa el tiempo husmeando en el despacho de un diputado, arrestándolo y reteniéndolo durante nueve horas, mientras hay ciudadanos británicos asesinados al otro lado del mundo?».

Responsable de inmigración desde 2005, Green es uno de los diputados tories más conocidos. Europeísta, centrista y buen comunicador, trabajó como periodista en The Times antes de dedicarse a la política. Luego trabajó como asesor en la Administración crepuscular de John Major y asumió diversas responsabilidades en el largo desierto del partido en la oposición. Su etapa en inmigración ha sido quizá la más fructífera. En parte gracias a las filtraciones que ahora se le achacan. Gracias a ellas se supo, por ejemplo, que la ministra Smith había advertido por carta al primer ministro de que la recesión dispararía el número de delitos. O que había dado el visto bueno a dar papeles a 5.000 inmigrantes para que trabajaran como personal de seguridad.

Noticias todas que el Ejecutivo prefería guardar bajo llave y que la acción combinada de Green y su topo terminó por sacar a la luz. Por eso el diputado conservador se quejó ayer de que le habían arrestado por hacer su trabajo: «Los ciudadanos me eligieron precisamente para controlar al Gobierno. No he hecho nada malo».

Alimenta las sospechas sobre la actuación del Ejecutivo un detalle: Green fue detenido el día de la despedida de Ian Blair, jefe de Scotland Yard y perro de presa del nuevo laborismo. Varios analistas ven en el arresto la venganza póstuma de Blair, obligado a dejar el cargo tras una trifulca con el alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson. Sea como fuere, la detención de Green deja en la picota a Brown, al que algunos blogs comparaban ayer hiperbólicamente con el dictador zimbabuense Robert Mugabe.