“¿Perderían algún derecho los inmigrantes si no se aprobara esta ley?” La diputada socialista Nuria Espí puso en evidencia la ausencia de contenido jurídico de la ley de integración de inmigrantes que aprobó ayer el pleno de las Cortes Valencianas con los únicos votos favorables del PP.

Eduardo Ovejero, por el PP, defendió el carácter “pionero” de la ley, que recoge el contrato de integración para los extranjeros extracomunitarios que residen en la Comunidad Valenciana pero vestido ahora de “compromiso” y de “reciprocidad”.

“Mas del 80% de la población española está de acuerdo en términos generales con el compromiso de integración”, aseguró Ovejero, “y la gran mayoría de los valencianos valoran que los inmigrantes se esfuercen por asumir los valores de nuestra sociedad”.

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que una cosa son “derechos y deberes, sobre los que se sustenta el Estado de Derecho” y, otra, “los valores”, respetables, desde luego, pero difícilmente trasladables a la ley. Y también puso de relieve la vaciedad de la norma: “Garantiza la formación profesional a los inmigrantes con permiso de trabajo… ¡Faltaría más! Lo novedoso sería garantizar la formación a los que no tienen papeles”.

Glòria Marcos, portavoz de Esquerra Unida, coincidió al subrayar el carácter inútil de la norma y apostó por extenderla a todos los inmigrantes, en situación administrativa legal o no.

Espí lamentó la “oportunidad perdida” de impulsar un gran acuerdo social en torno a la inmigración. Y las tres portavoces de la oposición coincidieron al alertar de los riesgos que entraña la “estigmatización” que implica el contrato de integración y, en general, el conjunto de la ley. “Como no tienen dinero y no pueden hacer nada, hacen discurso”, sintetizó Oltra, “esta ley no sirve para nada, pero genera mucho discurso. Y peligroso, porque ese discurso alienta la xenofobia y el racismo”.

“No favorece la integración sino que persigue la asimilación del inmigrante”, añadió Marcos.