La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta seis años y siete meses de prisión a cinco mossos d’esquadra por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio de 2006 y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. Los agentes, que confundieron a la víctima con un atracador, también maltrataron y arrestaron ilegalmente a su novia, embarazada de tres meses, hasta lograr que les permitiera entrar en su domicilio para registrarlo ilegalmente. La sentencia censura la conducta de los policías, que califica de «cruel en exceso, brutal y salvaje», y les reprocha que golpearan al hombre, de origen rumano, incluso después de que éste les advirtiera de que es hemofílico.

El caso ocurrió en julio de 2007, cuando los agentes investigaban un asalto. La víctima identificó «con bastantes dudas» al torturado, Lucian P., en un reconocimiento fotográfico, por lo que el jefe del Grupo de Atracos, imputado en la causa, pero absuelto, ordenó su detención. Vestidos de paisano, cuatro de los agentes esperaron al sospechoso en la puerta de su casa y, sin identificarse, se abalanzaron sobre él, lo arrojaron al suelo y le golpearon por todo el cuerpo, al tiempo que le pisaban la cabeza y le agarraban por el cuello para impedir que gritara. Varios ciudadanos se acercaron a los mossos para recriminarles, pero uno de ellos enseñó la pistola que llevaba, sacó la placa y pidió que les dejaran en paz porque estaban haciendo «su trabajo».

«Por un barranco»

Los agentes introdujeron al detenido en un vehículo policial y, durante el traslado a la comisaría, uno de los procesados le metió en la boca la pistola que llevaba, amenazándole con tirarlo «por un barranco» si no reconocía los hechos que se le imputaban. El policía advirtió también a Lucian P. que si la juez lo soltaba, podrían matarlo, y que no sería «el primero». Durante el traslado fue golpeado por cuatro mossos, incluidos el conductor y el que viajaba de copiloto, que aprovechaban los atascos para girarse y pegarle.

Los funcionarios siguieron agrediendo al procesado en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, «desoyendo su llanto y sus advertencias de que podía morir por ser hemofílico». Los golpes sólo cesaron cuando otro agente – no identificado – les dijo que pararan, porque «había cámaras de grabación».

Otro policía, con la ayuda de uno de los anteriores, detuvieron a la novia de Lucian P., que estaba embarazada de tres meses, y la agarraron fuertemente por el pelo para introducirla en el coche policial y llevarla a comisaría. Allí la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían. Lograron que les dejara entrar en la vivienda que compartía con el acusado y la registraron sin orden judicial.

El hombre, que sólo supo los motivos de su detención ya en el calabozo, explicó en el juicio que pensó que los policías eran delincuentes y se tranquilizó cuando llegaron a la comisaría. Al día siguiente, Lucian P. fue puesto en libertad y acompañado a casa por uno de los agentes, que se disculpó. La víctima, debido a su detención, perdió el trabajo y recibió tratamiento por el riesgo de que, al ser hemofílico, se le complicaran las lesiones.

El tribunal resalta que el acusado fue «golpeado y amenazado de forma totalmente gratuita e innecesaria y, desde luego, utilizando más que la fuerza imprescindible para su reducción», sin otra finalidad que la «vejación y la denigración». El Departamento de Interior confió en la inocencia de los mossos, no les abrió expediente disciplinario y puso a su disposición un abogado.